Colombia se convirtió en el tercer país latinoamericano miembro de la Ocde, junto con México y Chile. A lo largo del proceso de adhesión de cinco años, el país demostró interés y voluntad de aprovechar recomendaciones de 23 comités temáticos, para mejorar políticas públicas a través de la expedición de más de 50 leyes, decretos y regulaciones.
Se destacan reformas como el uso de indicadores ambientales para mejorar la gobernanza ambiental y la política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas; formulación e implementación del Plan Decenal de Justicia; implementación del sistema SECOP para mayor transparencia en contratación pública; aprobación del tratado de Facilitación del Comercio y adopción del nuevo Estatuto Aduanero; e implementación del Catastro Multipropósito, entre otras.
Las recomendaciones de la Ocde coinciden con nuestra visión de país, reflejada en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y la agenda de Gobierno. Ello nos motiva a continuar con implementación de políticas por la igualdad de oportunidades para todos los colombianos e incrementar la competitividad de la economía, bajo un modelo de crecimiento más inclusivo y sostenible, donde la agenda de género tenga un lugar clave para la transformación económica. También incluir a los trabajadores informales, que son cerca de 60% de la fuerza del trabajo en América Latina, y 47% en nuestro país, y que han sido los más afectados por la crisis derivada del covid-19.
Colombia, ahora en la Ocde, participa en el grupo de países comprometidos con la mejora constante de sus políticas públicas, que representan alrededor de 80% del comercio y de las inversiones mundiales.
Nuestro país no solo ha adoptado buenas prácticas internacionales, también se ha posicionado como referente en algunos ámbitos, como uso de Big Data o datos abiertos, en ello estamos a la vanguardia frente a la mayoría de miembros de la Organización. Hoy, además, participamos en la definición y establecimiento de marcos de referencia técnicos de impacto internacional.
El ingreso a la Ocde nos pone en interlocución directa con actores de talla mundial en la economía, y nos permite diversificar y ampliar discusiones de política pública, con incidencia en las economías del mundo.
La adhesión representa grandes beneficios, pero también implica cumplir funciones y estándares propios de la membresía: compromisos en Comercio, Trabajo, Químicos, Gobernanza Pública, Política Regulatoria, Ambiente y Pesca; áreas en que acordamos con la Ocde planes de acción que oscilan entre los dos y ocho años.
Cada cartera es responsable de implementar acciones desde el inicio formal de actividades, para cumplir con los planes. Por ejemplo, en política ambiental, bajo la dirección del MinAmbiente, se deben implementar las recomendaciones en un periodo de dos años. En materia laboral, bajo liderazgo del MinTrabajo, el plazo es de ocho años.
Nuestra membresía en la Ocde es política de Estado. Trascenderá periodos presidenciales y servirá de faro en formulación de políticas públicas y adopción de buenas prácticas. El propósito de nuestro gobierno es generar mayores niveles de crecimiento, equidad, legalidad y prosperidad.