El cambio climático es una respuesta del clima a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) llevadas a la atmósfera por las actividades de los seres humanos. Este fenómeno, que se refleja en condiciones extremas, sequías, olas de calor, inundaciones, nevadas, causa cada vez más estragos con enormes repercusiones sociales, ambientales y económicas.

Todos los años se celebra una gran cumbre de gobiernos para hablar del tema, sin cambios significativos a la fecha. Sin embargo, en la última reunión, Glasgow 2021, los gobiernos fueron conminados a acelerar la lucha contra el cambio climático, a esbozar las bases para su financiamiento y a encontrar el camino para vincular al sector privado con el cumplimiento de los retos de la agenda climática.

A partir de esa reunión, como nunca antes, las declaraciones y metas de los gobiernos empezaron a apuntar a obligaciones concretas para los sectores económicos. Colombia no ha sido la excepción. La Ley 2169 de 2021 o Ley de Acción Climática, definió como meta la reducción de 51% de los GEI del país al 2030 y creó la obligación de que los sectores económicos reporten públicamente el inventario de sus emisiones de CO2 equivalente (CO2e).

Esto significa para las empresas iniciar o acelerar la descarbonización de sus negocios. Entiéndase, reducir sus emisiones y cumplir con la regulación, pues cualquier aplazamiento se traducirá en mayores costos y restricciones de mercado.

Las empresas deben, entonces, avanzar en proyectos de eficiencia energética, cambio de tecnologías, compra de energías renovables, prácticas más eficientes, sustitución de materias primas contaminantes, incorporación de circularidad de materiales, cambio de combustibles y adopción de tecnologías limpias en vehículos, entre otros.

La descarbonización es un proceso lento y costoso. Por eso, desde la COP21 (París, 2015) se permite a las empresas realizar actividades “de compensación”, transando créditos o bonos de carbono en el mercado. Un bono de carbono es una unidad de transacción equiparable a una tonelada de CO2e, que es reducida o capturada por otro actor mediante proyectos asociados a energías renovables, proyectos de reducción de emisiones de metano en rellenos sanitarios y en especial, proyectos forestales y de restauración ecológica, entre otros.

Estos proyectos se formulan y verifican bajo estrictos estándares nacionales e internacionales que habilitan su comercialización en el mercado y brindan garantías sobre su contribución real a la lucha contra el cambio climático.

En Colombia ya existe un mercado de carbono. Hoy tiene cerca de 160 proyectos certificados. Sin embargo, expertos dicen que hay un déficit de 60% en la oferta de bonos requeridos para cubrir la demanda de empresas nacionales y extranjeras que cuentan ya con planes de acción climática o compromisos corporativos declarados.

Hay que hacer un esfuerzo grande para atraer esta inversión ambiental tan importante a nuestro país. Eso se logra con el aumento de la oferta de proyectos nacionales capaces de generar los bonos de carbono que se requieren.

Es allí donde aparece la Amazonía colombiana, tan majestuosa como amenazada.

Caquetá, Putumayo, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía, representan cerca de 48 millones de hectáreas. Una gran oportunidad para formular proyectos adecuados en el tema, brindando, además, alternativas sostenibles para las comunidades como actividades de restauración ecológica, recuperación, rehabilitación, protección y uso sostenible de los ecosistemas. Alternativas que también pueden contribuir a reducir la deforestación de quemas ocasionadas por actividades ilegales y prácticas culturales de habitantes de la región.