“Toda virtud se resume en tratar justamente”, escribe Aristóteles en su Ética a Nicómaco. La justicia es la igualdad ante la ley, uno de los pilares de cualquier Estado Social de Derecho. Un trato desigual, desde cualquier perspectiva, solo se puede tachar de inmoral. Convendremos en condenar a un país si privilegia a unos ciudadanos, mientras explota a otros, desde el imperio de la ley.

La reforma tributaria del gobierno Petro es inmoral. Ella se opone de manifiesto a la cultura del trabajo, una productividad eficaz y a la riqueza. Caza al empresario para exprimirlo. Persigue a los que pueden ‘darse el lujo’ de ganar 2154,63 dólares al mes, menos del sueldo de un mesero estadounidense promedio. Tortura al emprendedor indefenso. El Estado acorrala al exitoso, mientras permite las invasiones del CRIC, no cobra impuestos a los terratenientes indígenas y busca la “paz total” con narcotraficantes, los del ELN y todo criminal de banda que alce la mano. Las fuerzas del cambio perjudican las fuentes de riqueza cuando otorgan pleitesías a matones. ¿No es eso injusto?

“La gloria es una incomprensión y quizá la peor”, dice Borges. En la política fiscal de esta nueva propuesta, esa verdad se agrava aún más. La base de este ajuste es una cruzada contra el éxito financiero. Los impuestos van “sobre las cuatro mil más grandes fortunas de Colombia, y sobre esas cuatro mil personas más ricas”, aseguró en campaña Petro. Sin embargo, ahora todo el que gane más de diez millones de pesos tiene que tributar más por tener ingresos superiores al resto. Arrebatarle coactivamente el fruto de su trabajo a los que más producen o, como dice Milei, “un robo”.

Ahora bien, esta reforma significa amoralidad porque plantea discriminar usando la ley. Los nuevos tributos dan un trato desigual a un grupo de persona de acuerdo con su condición financiera respecto al resto de la población. ¿Por qué se le debe cobrar más al de mayor poder adquisitivo? Si su respuesta es “porque puede pagar más”, entonces imagino que aprueba las mojarras a dos millones de pesos a turistas, ¿no? Ellos tienen más, así que lo pueden pagar. La lógica detrás de ambas es la misma: excluir al que más tiene, cobrándole más y a otros menos. Ocurre lo comentado por el filósofo Max Stirner: “El Estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo”.

Esa discriminación ‘legalizada’ intenta alcanzar la igualdad, pero desde la irónica perspectiva orwelliana: “Unos somos más iguales que otros”. No todos pertenecen al pueblo y, por ende, se les debe exprimir por el bien del pueblo: básicamente el discurso disgregador, con olor al bourbon marxista junto a su reduccionismo histórico. Así, se justifica el trato excluyente de la reforma hacia los adinerados, permitiendo las desigualdades ante la ley y, como extensión, se omite el cumplimiento del artículo primero de nuestra Constitución: la igualdad ante la ley.

El actual gobierno plantea utilizar la ley para perjudicar a los ricos por envidia. “¿Qué es un envidioso? Un ingrato que detesta la luz que le alumbra y le calienta”, expone Víctor Hugo. Petro y compañía asedian al sector que le brinda más trabajo, oportunidades y servicios de mejor calidad a un precio competitivo. Es decir, el poder político acosa a los benefactores sociales de Colombia: quienes, a través de la innovación e inversión, han provisto a nuestra sociedad con mayores comodidades.

Esta reforma tributaria está viciada por su inmoralidad. Un gobierno no puede discriminar por ninguna condición a nadie, mucho menos a la gallina de los huevos de oro. Penalizar arbitrariamente a un sector de la sociedad es propio de los peores colectivismos de la historia. Los judíos, la comunidad LGTBIQ+, los tibetanos, personas con discapacidad, las mujeres, los negros, los cristianos, los migrantes y muchos más han sido discriminados por su condición y creencias. Ahora bien, ¿permitiremos que, en el siglo XXI, la ley persiga sin escrúpulos a los que más tienen, arrebatándoles con impuestos el fruto de su trabajo, desincentivando al empresario y premiando al parasito?