Si bien las responsabilidades en temas de agua, saneamiento y ambiente están a cargo de las autoridades locales y regionales, el Gobierno Nacional debe intervenir con políticas, planeación y seguimiento a la ejecución, esto ante las permanentes necesidades que se presentan en el sector.
Algo frecuente en Colombia son periodos de sequía, que, generalmente, afectan los mismos lugares geográficos. Igual ocurre con lluvias excesivas en estos u otros sitios. En la zona tropical, donde está Colombia, se concentra el mayor impacto de los efectos del cambio climático, pero es la que menos aporta gases de efecto invernadero (0,3%). Y pocos han sido los compromisos de los países desarrollados para asumir sus responsabilidades históricas por la emisión de estos gases.
Por ello, a partir de un documento de trabajo realizado con nuestros expertos, Acodal identificó 14 aspectos clave que son fundamentales para una mejor ejecución de las políticas públicas y la acción del sector privado. Este trabajo lo hemos denominado “Una hoja de ruta para agua, saneamiento y ambiente”.
Allí se plantean Planes de Ordenamiento Territorial que respondan a la adaptación y gestión territorial del riesgo, tanto rural como urbano, estrategias de control forestal, reforestación y protección de cuencas, planes de asociación municipales y departamentales de agua para aprovechar economías de escala.
Además, planes integrales y articulados de reducción de basuras y reciclaje, programas maestros de acueducto y saneamiento básico con enfoque local, regional, urbano y rural, adopción de pliegos tipo para la transparencia en la contratación, acuerdos regionales y subregionales para el tratamiento de aguas residuales, definición de metas de reducción del consumo del recurso hídrico y del agua potable y fomentar la concertación de políticas y recursos financieros y humanos con el sector privado y las comunidades locales.
Importante también definir planes de agua potable y saneamiento básico rural para superar el rezago en calidad y cobertura en estas zonas, creación de una Agencia Nacional del Agua, para afianzar el concepto que los recursos naturales son bienes públicos y que por tanto corresponde a la Nación actuar para su conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación.
También sugerimos impulsar embalses multipropósito que suplan necesidades de agua potable en periodos de escasez de lluvias y aumentar el presupuesto del MinVivienda en ciencia, tecnología e innovación para el sector, ya que esa cartera invierte actualmente alrededor apenas 0,13% en este rubro.
Justo ahora, cuando se aproxima la transición de gobiernos locales a partir de enero de 2020, se presenta una oportunidad de oro para que este tipo de iniciativas como la que se está planteando no solo sean tenidas en cuenta, sino que puedan llegar a feliz término.
Es evidente que la comprensión del sector agua, saneamiento y ambiente como un renglón estratégico por parte de todos los niveles de la administración pública será determinante para una mejor planificación y procesos que contemplen la adaptación como premisa fundamental, justo ahora cuando estamos en las discusiones a instancias de la COP 25. Literalmente, el clima es propicio.