El 28 de septiembre Colpensiones cumplió 14 años. Reemplazó a un ISS ineficiente, desacreditado y corrupto. Recibió 347.008 solicitudes represadas y alrededor de 96.000 tutelas por atender. La transformación no fue solo evacuar atrasos. Colpensiones entendió que debía volcarse al ciudadano: resolver en los términos legales, pero además acompañarlo a construir su futuro. Recuperó la confianza y, en 2015, logró un hito: por primera vez la Corte declaró formalmente superado un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

Hoy vuelve al centro de una discusión polarizada. El aval de la Corte a la reforma reavivó las voces que cuestionan el régimen de prima media y la existencia de Colpensiones. Pero son dos discusiones distintas: una cosa es la institución y otra la sostenibilidad del sistema que administra.

El reto fiscal es real. El Carf lo advirtió desde 2023. Con la reforma, las necesidades de Colpensiones pasarían de 3% del PIB en 2025 a 4,9% en 2065. El Fondo de Ahorro se agotaría hacia 2062, y desde 2063 la transferencia de la Nación subiría 2,5 puntos del PIB. A 2100, el valor presente de las transferencias sería 62,3% del PIB mayor que sin reforma. El umbral de 2,3 salarios mínimos, resultado de una negociación política más que de un diseño técnico, aumentó el costo futuro.

La reforma también corrigió problemas. El sistema de pilares limita los subsidios a las pensiones altas y reduce la regresividad del régimen de prima media. Y el reparto cumple una función de solidaridad y redistribución que el ahorro individual, por sí solo, no reemplaza. La presión fiscal no implica que la solución sea que cada ciudadano se defienda únicamente con su ahorro. La experiencia de la Ocde muestra sistemas multipilares, y cerca de dos tercios de sus países utilizan mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos o financieros. Colombia puede preservar esa arquitectura y ajustar parámetros: edad, semanas de cotización y tasa de cotización. Pero antes debe ampliar la cobertura. Sin mejores oportunidades laborales y menor informalidad, endurecer esos parámetros seguirá afectando a quienes no consiguen cotizar lo suficiente.

También importa el momento. Una reforma pensional consume tiempo y capital político. El nuevo gobierno enfrenta retos en salud, finanzas públicas y seguridad, debe atender la reconstrucción tras el terremoto y avanzar en el SGP y la revisión de la descentralización. Abrir ahora otra reforma pensional competiría por tiempo y capacidad política con esas prioridades.

Colpensiones enfrenta su propia prueba. Con la reforma podría pasar de cerca de 3 millones a unos 10 millones de cotizantes, y pidió un año adicional para prepararse. Pedir tiempo para garantizar capacidad tecnológica, administrativa y operativa demuestra seriedad. La entidad que logró superar el primer ECI formalmente levantado por la Corte está diciendo que no quiere arriesgarse a caer en otro por una implementación apresurada. Pese a los vaivenes políticos de estos 14 años, ha mantenido criterios técnicos y una cultura orientada al ciudadano.

Colpensiones puede ser una buena institución administrando un sistema que necesita ajustes. Confundir las dos cosas puede llevarnos a destruir una capacidad pública que tomó años construir. El reto es preservar lo primero y corregir lo segundo.