El Estado cumple funciones esenciales como la provisión de bienes públicos, la corrección de fallas de mercado, la redistribución de ingresos, la estabilización económica, la regulación de mercados, la gestión de recursos naturales, la intervención en sectores estratégicos y la promoción del desarrollo económico. Para alcanzar estos objetivos, es fundamental contar con instituciones sólidas que diseñen, implementen y supervisen las políticas necesarias, asegurando la credibilidad, sostenibilidad y eficacia en la gestión de los recursos. Estas instituciones no solo garantizan el cumplimiento de las funciones estatales, sino que también refuerzan la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales y económicas.

En aras del cambio, el gobierno Petro ha venido debilitando constantemente las instituciones a través de las cuales se pueden lograr estos objetivos. El debilitamiento institucional ocurre cuando las instituciones pierden su capacidad para cumplir eficazmente con sus funciones fundamentales, lo que impacta su legitimidad, eficacia y la confianza que generan en la sociedad. Entre los elementos que contribuyen a este fenómeno se encuentran la pérdida de autonomía, la percepción de corrupción o incompetencia, y la incapacidad para cumplir con sus objetivos debido a gestión ineficaz o liderazgo débil. El debilitamiento también puede manifestarse en la desviación de los fines institucionales hacia intereses ajenos al bienestar colectivo, el incremento de los costos de transacción derivados de procesos ineficientes, y la fragmentación del sistema institucional, que genera conflictos y duplicidad de esfuerzos.

Estos factores, combinados, afectan la capacidad de las instituciones para actuar como pilares de la gobernanza, impactando la estabilidad política, el desarrollo económico y el tejido social. Hay varios ejemplos que muestran el debilitamiento institucional en este gobierno. El retraso en el nombramiento de los miembros de la Creg y la intención de reducir su autonomía para la toma de decisiones, en medio de una posible crisis energética; la disminución del valor de Ecopetrol debido a la inestabilidad en su gobierno corporativo y a malas decisiones de política; el intento de cambiar la empresa que imprime los pasaportes pasando por alto los procesos de contratación e incrementando los costos; y casos de corrupción como el de la Ungrd.

En la política fiscal está la ineficiencia en la ejecución presupuestal. A octubre de este año se ha ejecutado 66% del presupuesto general de la nación, el dato más bajo en los últimos diez años. El Ministerio de la Igualdad, uno de los bastiones de las políticas de cambio, ha ejecutado 1,4%. Se suma el recorte presupuestal por $33 billones que según el Carf no es suficiente para cumplir con las metas de la regla fiscal. De manera más estructural, la reforma al Sistema General de Participaciones, que necesita análisis más sólidos y detallados para la reconfiguración del Estado.

Este manejo de la política fiscal pone en riesgo uno de los mayores activos de los colombianos, que poco valoramos porque no hay grandes fluctuaciones en la economía, pero que si perdemos, no es fácil recuperar: la estabilidad macroeconómica.