Entre los debates que se han abierto respecto a las reformas sociales propuestas por el gobierno de Gustavo Petro hay uno relacionado con la reforma laboral. El gobierno ha manifestado que quiere regular por decreto algunos artículos que no prosperaron de la reforma laboral. Son seis decretos que pretenden cambiar sustancialmente las relaciones laborales cumpliendo sus compromisos de campaña.

Se quieren cambiar algunos artículos del decreto que regula la votación de huelgas y los aspectos de convocatoria e integración de los tribunales de arbitramento para resolver conflictos laborales colectivos. En el decreto 1072 de 2015 solo se puede hacer huelga si más de la mitad de los trabajadores están sindicalizados, y si no, la mayoría absoluta de los trabajadores sindicalizados es la que puede optar por el tribunal de arbitramento.

También se quiere revisar el recaudo de las cuotas sindicales por parte de los empleadores, y el derecho de los trabajadores no sindicalizados a renunciar a los beneficios de la convención colectiva, lo que no los obliga a contribuir económicamente a la organización sindical. Este último aspecto es clave para garantizar la libertad de asociación y la autonomía de los trabajadores frente a los sindicatos.

El gobierno también quiere regular por decreto otros aspectos, como la fijación de servicios mínimos en huelgas de servicios públicos esenciales, la tercerización laboral, especificando cuándo es ilegal y las diferencias entre tercerización e intermediación laboral, y, finalmente, el más importante para el gobierno, la regulación de la negociación colectiva en Colombia.

Sobre este último aspecto, el informe del diálogo social de la OIT de 2022 afirma que la negociación colectiva puede ayudar a reducir la desigualdad de ingresos y promover la igualdad de género mediante la inclusión de políticas que aseguran salarios justos y condiciones de trabajo decentes. También a complementar los sistemas de protección social, proporcionando prestaciones adicionales que fortalecen la seguridad económica y social de los trabajadores.

Otros estudios también señalan que la negociación colectiva puede contribuir a una distribución más equitativa del ingreso. Colombia tiene una de las desigualdades más altas del mundo, por lo que se requieren mecanismos adecuados para superar esta situación. No obstante, la negociación colectiva puede tener consecuencias económicas negativas. Puede aumentar la pérdida de empleo debido a la rigidez salarial y la falta de flexibilidad que impide a las empresas adaptar los costos laborales a sus necesidades específicas.

La teoría de insiders-outsiders dice que los empleados formales actuales se beneficiarían de salarios altos, pero perjudican a los desempleados y fomentan la informalidad, segmentando el mercado laboral. En Colombia el 99,5% del tejido empresarial está compuesto por Mipyme que emplean 65% de la fuerza laboral. El 56% de los trabajadores es informal, 45% gana menos de un salario mínimo, y más de la mitad son trabajadores por cuenta propia.

Si se quiere mejorar la distribución del ingreso con la negociación colectiva y otros decretos es clave saber a qué trabajadores y empresas se regula, qué efecto tiene en los regulados pero también en los que quedan fuera de la regulación. Y es importante una reforma laboral integral que busque resolver todos los retos del mercado laboral.