El envejecimiento poblacional, definido como el aumento progresivo de las personas de 60 años y más con respecto a la población total, es una realidad. De acuerdo con datos de la Cepal, América Latina ha experimentado un proceso de envejecimiento más rápido con respecto a otras regiones del mundo. Se suma la disminución sostenida de la fecundidad que afecta el tamaño de las nuevas cohortes de nacidos vivos. Desde la década de 2000, los grupos más jóvenes han perdido peso relativo con respecto a la población total.

La región experimentó en medio siglo un envejecimiento poblacional parecido al registrado en Europa en dos siglos. Se prevé que en 2060 la proporción de personas de 60 años y más en América Latina y el Caribe superará la de Asia y Oceanía y se ubicará más cerca de los valores correspondientes a Europa. En 2022, un total de 88,6 millones de personas eran mayores de 60 años, y en 2060 serán alrededor de 220 millones de personas.

La tendencia demográfica es imparable. Es importante contar con las políticas y sistemas adecuados para enfrentarla. Las necesidades de salud, vivienda, cuidado y seguridad económica crecen con el envejecimiento. Por esto, es tan importante que el país cuente con un sistema pensional adecuado. Sin embargo, las discusiones de la reforma se han polarizado. Por un lado, están aquellos que afirman que los fondos privados son ladrones y que el sistema debería estar en manos del Estado.

En el lado opuesto afirman que dejar el sistema en manos del Estado es arriesgarse a que los recursos del sistema pensional se usen para el gasto corriente y, en el futuro, no se puedan pagar las pensiones. Muchos afirman que el sistema de reparto que administra Colpensiones es una pirámide insostenible financieramente por la tendencia demográfica. Que, por eso, se debe marchitar. Es decir, desaparecer.

Deduzco de estas afirmaciones que una corriente de pensamiento propone que el Estado no participe en el sistema pensional, especialmente por la presión financiera que el envejecimiento conlleva en las finanzas públicas, excepto con un régimen no contributivo para los más vulnerables. Comparativamente hablando, datos del Banco de España reportan que en 2019 el gasto en pensiones en ese país alcanzó 12,7% del PIB, por encima de la media simple de la UE (10,4%), y por debajo de países como Grecia, Italia y Portugal, cuyo promedio superó 15%. Un estudio de la Cepal reporta que en 2017 se gastó en pensiones en América Latina 3,6% del PIB y en los dos países más igualitarios de la región; Uruguay y Costa Rica, se gastó 9% y 5,7%, respectivamente.

Esto muestra que a diferencia de lo que algunos proponen, las sociedades decidieron destinar parte de sus recursos públicos a pensiones. En Colombia, se gasta menos que en otros países. Se gasta 4,5% del PIB y 1% en Colpensiones porque el resto es para regímenes especiales y otros que se están marchitando. Considero que es un error buscar que el Estado no participe. Debe participar, obviamente sin poner en riesgo las finanzas públicas. Un sistema de pilares bien diseñado, en el cual participen el mercado y el Estado generando ahorro y otorgando pensiones dignas, es la mejor opción.