Muchos colombianos que votaron por el actual Gobierno lo hicieron con la esperanza de un cambio real. Querían dejar atrás la inequidad y la ausencia del Estado en regiones olvidadas. Hoy, muchos de ellos están decepcionados: el cambio prometido no llegó. La violencia se ha incrementado y la presencia de grupos armados parece más fuerte. Según el reciente artículo de The Economist, en este Gobierno los grupos armados suman unos 22.000 combatientes, un aumento de 45% desde que comenzó el mandato. Los secuestros crecieron 75% y la extorsión 50%. Esa degradación de la seguridad pone en duda la política de “Paz Total”.

Los escándalos de corrupción también se multiplican y las instituciones se debilitan. En salud, el cierre de servicios y la falta de entrega de medicamentos afectan a muchos ciudadanos. En política fiscal, el déficit amenaza con subir a 7% del PIB y la deuda pública toca niveles récord. The Economist afirma que Colombia puede estar “a las puertas del infierno” si no se corrigen estos desequilibrios. Y todo esto ocurre mientras el presidente insiste en una narrativa de populismo de izquierda que polariza: la oligarquía contra el pueblo.

Pero este Gobierno no fue un accidente que se resuelve simplemente regresando a como se estaban haciendo las cosas antes. Para que el siguiente Gobierno sea distinto -y mejor- debe diseñar políticas públicas para recuperar lo perdido y, al mismo tiempo, acelerar cambios de manera técnica, consensuada y con legitimidad.

Entre varios retos, el primero es estabilizar la economía. Se necesita reducir el déficit fiscal y regresar a la senda de la regla fiscal. No se trata de recortar el gasto sin criterio, sino de reordenarlo: hacerlo eficiente y con prioridades diferentes para equilibrar las finanzas públicas sin sacrificar inversión donde más se necesita.

El segundo gran reto es fortalecer las instituciones y cerrar las brechas regionales. Con la reciente reforma al Sistema General de Participaciones es imprescindible revisar con detalle los aciertos y errores de la descentralización. Un nuevo gobierno debe garantizar presencia institucional efectiva en todo el país para que las regiones históricamente olvidadas no sigan siendo periferia política y económica. La violencia debe enfrentarse con una política integral que combine inteligencia, justicia efectiva y reinversión social en zonas vulnerables. No basta con operativos militares: hay que construir Estado donde reina el vacío y la informalidad de actores armados y clientelistas.

Finalmente, está la educación y la formación para el trabajo. Si queremos mantener la reducción de la pobreza, necesitamos empleos con salarios dignos y opciones de emprendimiento sostenibles. Para eso es indispensable un sistema nacional de educación y capacitación articulado con los sectores productivos. Así Colombia puede dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo.

La decepción con el actual gobierno es comprensible, pero la respuesta no puede ser regresar a como se estaban haciendo las cosas antes. El nuevo gobierno tiene el reto de gobernar distinto a quienes lo precedieron, reconstruir la confianza ciudadana y convertir la promesa de cambio en hechos concretos.