Esta semana, en una reunión de rectores del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), el profesor Josep M. Garrell, presidente de la Asociación Europea de Universidades (EUA), dedicó parte de su presentación a la libertad académica. De ella depende que las universidades produzcan conocimiento y formen personas capaces de pensar críticamente.

El Academic Freedom Index de V-Dem ofrece una señal preocupante: entre 2015 y 2025, la libertad académica retrocedió significativamente en 50 países y mejoró en apenas nueve. La libertad para investigar y enseñar se deterioró en 51. No es un principio abstracto: es una libertad que puede perderse. ¿En qué consiste? En la libertad de enseñar, aprender, investigar y comunicar los resultados del trabajo académico, dentro y fuera de la universidad. Supone formular preguntas impensables, revisar conocimientos y compartir conclusiones, aunque incomoden.

Conviene distinguirla de la libertad de expresión. Esta protege el derecho a manifestar opiniones; la libertad académica protege la búsqueda y transmisión del conocimiento, sometidas a métodos, evidencia y estándares científicos. No convierte cualquier opinión en un hallazgo científico ni impide que una conclusión sea refutada. Al contrario, necesita de la crítica para avanzar.

La EUA recuerda que la libertad académica es un derecho y una responsabilidad. Implica honestidad intelectual, rigor, respeto por los derechos de los demás y compromiso con la ética. No exime del escrutinio de colegas y estudiantes. Hay una responsabilidad que las universidades no podemos eludir. La libertad académica no se protege solo con declaraciones.

Se debilita cuando evitamos invitar a alguien porque sus ideas incomodan, cuando descalificamos preguntas por venir de una posición minoritaria o cuando confundimos el desacuerdo con una falta que merece castigo. El temor a las consecuencias puede llevar a la autocensura.

También debemos distinguir la libertad de los académicos de la voz oficial de la universidad. Una institución no debería silenciar investigaciones o conclusiones incómodas para proteger su reputación. Pero defender el derecho de sus miembros a investigar, debatir y expresarse no obliga a las directivas a adoptar sus opiniones como posición institucional. Proteger la libertad de una comunidad no significa tener que hablar en nombre de ella en todas las situaciones.

Esto no exige aceptar todas las ideas como igualmente válidas, ni impide que una universidad se pronuncie cuando lo considere necesario. Exige reglas claras, debate respetuoso y autoridades dispuestas a defender el derecho a disentir, incluso de sus propias decisiones. En sociedades polarizadas, es fácil defender la libertad de quienes piensan como nosotros. La verdadera prueba llega cuando debemos escuchar una investigación que contradice nuestras convicciones o una clase que plantea preguntas difíciles.

La libertad académica no es un privilegio de las universidades. Es un derecho fundamental y una garantía para toda la sociedad. Una universidad no necesita que todos piensen igual ni hablar por todos; necesita que se pueda investigar, enseñar y debatir con libertad, genuina curiosidad, rigor y responsabilidad.