La discusión del salario mínimo es compleja porque incluye muchos retos al mismo tiempo. Primero, un salario muy alto puede generar desempleo e informalidad. Es un problema distributivo: quien tiene trabajo se beneficiaría con un mayor salario, pero quien está buscando empleo podría verse afectado porque a las empresas les resultaría más costosos contratarlo, y eventualmente podría terminar en un trabajo informal con un salario más bajo.

Adicionalmente, muchas empresas, enfrentando salarios más altos no podrían contratar más trabajadores para crecer y algunas podrían caer en la informalidad. Segundo, un salario bajo afectaría a los trabajadores y sus familias porque no tendrían el poder adquisitivo suficiente para cumplir con sus necesidades. De hecho, es por esta razón que en muchos países del mundo se creó el salario mínimo.

Tercero, el aumento del salario mínimo puede ser inflacionario. En un país como Colombia en donde el salario mínimo es un valor indicativo, el precio de muchos otros bienes y servicios crecería como crece el salario mínimo. Adicionalmente Colombia, a diferencia de los demás países de América Latina, no ha podido reducir la inflación. Si el salario mínimo crece mucho, los demás precios crecerían mucho y seguiríamos en el espiral inflacionario. Y aunque la inflación afecta a toda la economía y toda la población, afecta más a las personas más vulnerables.

Para enfrentar estos retos el país cuenta con varias herramientas. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación porque los trabajadores no pueden perder su poder adquisitivo. La productividad laboral debe ser tenida en cuenta. Si el trabajador aporta más a la producción de la empresa, esta debe reconocer la mayor productividad.

Para llegar a un consenso, la constitución política de 1991 creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) en donde trabajadores y empleadores discuten el aumento anual. Si no lo logran, el gobierno, que también hace parte de la mesa, decide a través de un decreto.

A pesar de contar con elementos técnicos, la discusión ha sido más política. Las centrales obreras proponen un aumento muy por encima de la inflación y la productividad, argumentando sus luchas sociales. Los empresarios proponen un aumento cercano a la inflación, y no hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores por la forma en que se mide la productividad. En la mayoría de los casos no se ha llegado a un acuerdo y es el gobierno quien ha decidido.

Además, los desempleados, los trabajadores informales, y las mipymes no están representadas en la mesa de concertación, y el gobierno debe tener en cuenta los posibles efectos sobre estos actores para equilibrar los retos planteados arriba y tomar la mejor decisión posible sobre el aumento del salario mínimo.

En el contexto inflacionario en que se encuentra el país, con la productividad laboral cayendo y una posible recesión económica, la discusión de este año es crucial. Ojalá se tengan en cuenta todos los elementos para tomar una decisión equilibrada.