Hace un tiempo escribí sobre el populismo de izquierda. Retomando a Chantal Mouffe, no se trata solo de promesas inviables, sino de una estrategia discursiva que divide la sociedad entre el “pueblo” y la “oligarquía”. Su fuerza política está en construir un adversario común, simplificar el conflicto y movilizar emociones alrededor de esa frontera.

Hace un par de semanas escribí sobre otro tema: la mentira política que no busca convencer, sino desorientar. Arendt advirtió que el efecto más peligroso de la mentira no es que la gente crea una falsedad, sino que pierda el terreno común de hechos necesario para juzgar. Cuando eso ocurre, la confusión se convierte en instrumento de poder.

Las dos tesis se complementan en lo ocurrido con el decreto de los $25 billones. En esos días, el Gobierno enfrentaba el escándalo interno entre Angie Rodríguez y Carrillo. Pero la conversación pública terminó concentrándose en el decreto que ordenaba trasladar recursos de los fondos privados a Colpensiones, expedido en la antesala del congreso de Asofondos, donde el rechazo del gremio era previsible. No se puede probar que el decreto se haya expedido para tapar el escándalo. Pero es evidente que la agenda se desplazó rápidamente hacia una confrontación mucho más útil para el presidente: la pelea con Asofondos y los fondos privados y, en último término, con la élite.

Después vinieron las decisiones del Consejo de Estado. Primero suspendió $20 billones de quienes se trasladaron, pero aún no habían consolidado su pensión. Luego frenó los $5 billones restantes. La discusión era jurídica e institucional: si el Gobierno podía cambiar por decreto el momento y el destino del traslado de esos recursos. Pero Petro no respondió desde ahí. Habló del “poder fáctico del dinero”, dijo que los banqueros retenían la plata de los trabajadores, afirmó que el magistrado había fallado a favor de los banqueros y pidió denunciarlo por prevaricato. El pleito dejó de ser una controversia legal para convertirse en una confrontación abierta entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

Ahí aparece el populismo de izquierda en su forma más reconocible: el pueblo trabajador enfrentado a una élite financiera que supuestamente le roba sus derechos. Pero esa respuesta no solo polariza; también confunde. El ciudadano deja de preguntarse qué decidió exactamente el Consejo de Estado o qué decía el artículo 76. Queda atrapado en una narrativa emocional mucho más útil para la campaña: de un lado, los trabajadores; del otro, los banqueros, los jueces y las élites.

Eso es lo realmente delicado. No se trata solo de un presidente airado ante una derrota judicial. Se trata de una forma de comunicación política que combina dos herramientas muy poderosas: la construcción populista del enemigo y la desorientación del debate público. Cada vez que una decisión institucional contradice al Gobierno, esta se traduce al lenguaje del sabotaje oligárquico. El resultado moviliza a las bases y erosiona la posibilidad de que los ciudadanos juzguen con claridad. El populismo señala al enemigo. La confusión borra los hechos. Juntos, convierten una discusión jurídica en una batalla moral y una decisión judicial en combustible electoral. Esa combinación es rentable en campaña. Pero para la democracia, es corrosiva.