Los primeros pasos de la descentralización se dieron con la elección popular de alcaldes en 1986. La constitución de 1991 reglamentó la asignación de recursos a las regiones como un porcentaje creciente de los impuestos recaudados por la nación. El esfuerzo fiscal del gobierno central debía ser compartido con los territorios. Para fortalecer la institucionalidad de las entidades territoriales se implementó el Banco de Proyectos de Inversión Nacional (Bpin) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Para el control fiscal territorial se crearon las contralorías municipales. Se introdujeron los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Estas herramientas sentaron las bases para una mayor autonomía y capacidad de gestión en los entes territoriales.

La transferencia de recursos resultó en un aumento significativo del endeudamiento territorial, contribuyendo a la crisis económica de 1999. En 2001 se creó el Sistema General de Participaciones (SGP) para unificar las transferencias del situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación (ICN). Las transferencias dejaron de ser un porcentaje creciente de los ingresos de la nación y pasaron a crecer 2,5% en términos reales hasta el 2008. Desde 2009 el SGP crece con base en el promedio del crecimiento real de los ingresos de la nación de los últimos cuatro años.

Casi 40 años después se está discutiendo en el Congreso de la República un Acto Legislativo cuyo propósito es, de acuerdo con la exposición de motivos, modernizar el Sistema General de Participaciones (SGP) con dos objetivos principales: incorporar la atención a la primera infancia, y modificar la metodología de asignación del SGP para establecer una partida presupuestal que reconozca los costos reales de los servicios, promoviendo la calidad y eficiencia del gasto público. Las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) alcanzarán 39,5%.

Varios analistas han advertido sobre el riesgo fiscal. Transferir más recursos a los departamentos y municipios sin reducir el gasto del gobierno central aumenta el déficit público y la deuda, y pone en riesgo uno de los activos más importantes de los colombianos, la estabilidad macroeconómica. Es volver al pasado.

Las alertas son mayores. Lo más importante es la reingeniería del Estado. Las transferencias deberían estar supeditadas a la nueva organización del Estado y no al revés. Aunque la descentralización ha proporcionado avances en algunas regiones, las brechas territoriales persisten. Las capacidades institucionales de la mayoría de las regiones no han mejorado sustancialmente a pesar de las herramientas diseñadas para fortalecerlas, y es muy probable que los recursos no se ejecuten eficientemente o se pierdan en la corrupción. Las transferencias generan el fenómeno de pereza fiscal: si los mandatarios locales reciben recursos adicionales no tienen incentivos para aumentar el recaudo local. Y como los recursos llegan como un maná de cielo, y no vienen de impuestos pagados por los ciudadanos locales, menos control hacen de gasto. Rediseñar el Estado en seis meses, como lo sugiere el proyecto del Acto Legislativo, es casi imposible. La reforma tiene muchos riesgos.