Es indudable la transformación en infraestructura que hemos vivido en los últimos años, hecho que ha permitido al país ser mucho más competitivo en diferentes sectores económicos. El Estado ha tomado una ruta clara en términos de inversión: conectar cada vez más a Colombia para la promoción del desarrollo integral de la economía nacional.

Los ejemplos sobre esta materia abundan y es importante trabajar en superar los desafíos para lograr los objetivos. Por el lado del sector aeroportuario, Colombia se está enfrentando a una oportunidad única de convertir el turismo en una palanca clave de crecimiento económico del país. El Gobierno ha hecho una apuesta clara en este aspecto, declarándolo como “el nuevo petróleo”. Esta situación no es menor a la luz del desarrollo del sector infraestructura. Colombia necesita contar con aeropuertos de talla mundial que, entre otras cosas, le permitan promover los focos turísticos al ritmo del crecimiento de la demanda e impulsar nuevos destinos con potencial de desarrollo.

En cuanto a la infraestructura vial, la implementación de la cuarta generación de carreteras ha sido un gran avance para la consolidación de un país mejor conectado. Es importante que este paso esté acompañado de una inversión sostenible que, en miras hacia el futuro, parece estar cubierta por las grandes empresas, la banca local y extranjera, fondos de capital privado nacional e internacional, inversionistas institucionales y, en general, el sector financiero, un conjunto de actores que están impulsando dichos proyectos.

Frente a este panorama, resalto el apoyo que el Gobierno que ha dado al sector con la implementación de iniciativas como el programa de Solución Transversal a los Problemas Estructurales de los Proyectos 4G y el marco normativo en torno de la Ley de Infraestructura, que ha facilitado y viabilizado una red de transporte moderna y eficiente para el país.

Como complemento a estos instrumentos, se han impulsado las iniciativas privadas, las cuales han fortalecido el rol del sector privado como una pieza clave en la inversión y marcan una pauta importante en la realización de Asociaciones Público Privadas –APP- para la ejecución de proyectos de infraestructura de amplia envergadura. En este orden de ideas, la experiencia, solidez y músculo financiero y operativo de diversos actores han facilitado el acelerado crecimiento de la infraestructura, toda vez que promueven la llegada de capitales que activan la inversión y permiten, además, disminuir la presión fiscal al Estado.

De acuerdo con un informe trimestral del Departamento Nacional de Planeación, con cierre a 2018, cerca del 80% de todas las APP desde enero de 2016, han sido de iniciativa privada sin recursos del Estado, lo que reafirma las oportunidades que tiene el país de contar con jugadores que tienen el potencial de financiar proyectos de infraestructura que se alineen con la meta de Colombia de estar mejor conectada. Ahora bien, esto no resta la importancia de contar con reglas claras en términos de ejecución de estas obras que blinden la ejecución y financiamiento de las mismas.

Las inversiones de las empresas en iniciativas Público Privadas han alcanzado cifras de más de $40 billones, lo que convierte a las compañías con músculo financiero y capacidad técnica y logística, en los aliados naturales del Gobierno a la hora de seguir construyendo grandes proyectos de infraestructura.

En definitiva, las Iniciativas Privadas son una alternativa viable y necesaria para un país con una ambiciosa cifra de crecimiento económico por encima del 4% anual, que pone de manifiesto su urgencia en seguir consolidado más proyectos de este tipo y, que, por otra parte, cuenta con un déficit fiscal que limita sus posibilidades para construir todo lo que se necesita; mientras que hay un sector privado que está dispuesto a invertir los recursos necesarios para la ejecución de obras que los colombianos requerimos, en aras de construir un país cada vez más competitivo y con potencial sustancial de desarrollo económico.