El Gobierno Nacional sigue buscando alternativas para recaudar los fondos necesarios para financiar sus cuentas, incluyendo funcionamiento, pago de deuda e inversión. Una de las medidas anunciadas es la Ley de Financiamiento, que no es más que una nueva reforma tributaria con la que se espera recaudar alrededor de $12 billones.

Entre los anuncios del Ministerio de Hacienda sobre esta ley, que se espera sea radicada antes del 15 de septiembre, está que no se tocará el IVA ni la base gravable del impuesto de renta para personas naturales. En cuanto a las propuestas, se destaca la disminución gradual de la tasa nominal del impuesto de renta para personas jurídicas, que pasaría de 35% a 30%.

Otro punto importante es la implementación de incentivos y beneficios tributarios para sectores clave como el turismo y las energías renovables. Además, el Ministerio de Hacienda ha señalado la necesidad de combatir la evasión y elusión fiscal. En este sentido, se ha planteado ajustar algunos artículos del Estatuto Tributario para atacar estas prácticas.

Asimismo, el Ministerio busca incluir en la Ley de Financiamiento el adelantamiento del periodo de transición de la regla fiscal para 2025, lo que permitiría un aumento del espacio fiscal hasta en $6 billones para el gasto primario.

Todavía queda tiempo para que se revelen más detalles sobre esta ley y cómo afectará el bolsillo de los colombianos. En este contexto, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hemos presentado una serie de propuestas que consideramos responden directamente a las necesidades económicas actuales del país.

Es importante recordar que la equidad fiscal ha sido un tema de controversia a nivel global durante mucho tiempo. En Colombia, la situación no es diferente. A través de una investigación del Observatorio Fiscal de la Javeriana, encontramos que la tasa efectiva de tributación es más alta para las empresas más pequeñas y disminuye para las empresas de mayores ingresos.

En respuesta a este escenario, presentamos tres propuestas relacionadas con las empresas que podrían simplificar el sistema, generar mayor eficiencia y, por ende, aumentar el recaudo.

Tarifa mínima de 20%: Proponemos que la tarifa efectiva del impuesto de renta para los contribuyentes del régimen ordinario, donde se encuentran la mayoría de las personas jurídicas, no sea inferior al 20%.

Impuesto de renta para personas jurídicas y sobre dividendos: Proponemos tarifas nominales marginales. Empezando en 30% para las empresas más pequeñas y llegando a 40% para las empresas más grandes. Esta medida corregiría la regresividad actual en el impuesto de renta de personas jurídicas, donde las pequeñas empresas enfrentan una tarifa efectiva más alta que las grandes.

Para contrarrestar el impacto en el costo del capital, proponemos reducir a 0% la tarifa sobre los dividendos que ya hayan sido gravados en cabeza de la sociedad que los distribuye.

Régimen Simple de Tributación: Sugerimos reducir significativamente el umbral de ingresos para inscribirse o permanecer en dicho régimen, proponiendo un límite de 44.769 UVT.

Para las personas naturales, proponemos que las declaraciones con altas proporciones de costos en la generación de rentas no laborales sean objeto de fiscalización y revisión por parte de la Dian. Además, sugerimos mejorar los incentivos para la delación de la evasión y el contrabando, aumentando las recompensas hasta 30% para motivar a la ciudadanía a colaborar en la reducción de estos delitos.

El objetivo principal de estas propuestas es simplificar la relación entre el Estado y los contribuyentes y hacer que las tasas efectivas de tributación sean más homogéneas entre empresas de diferentes tamaños, industrias o estructuras de ingresos. También buscamos mejorar la progresividad del sistema tributario y aumentar el recaudo.

Es fundamental evitar que cada gobierno cambie los tratamientos tributarios específicos para ciertos sectores. Como sociedad, debemos lograr consensos de largo plazo sobre qué actividades y mediante qué mecanismos se estimularán los sectores identificados como estratégicos.

Mecanismos que deberían ir más allá de dar rebajas tributarias diferenciales que tienden a complejizar el sistema y, además, generan sentimientos de injusticia pues dos entidades parecidas pagan tributos diferentes.