Subir los precios de la gasolina es una medida impopular, pero en el contexto en el que nos encontramos, es absolutamente necesario. En ese sentido, el Gobierno lo ha estado haciendo muy bien en cabeza del Ministerio de Hacienda y desde el principio hemos apoyado esta decisión.

En primer lugar, está muy bien porque no se puede subsidiar la gasolina y al mismo tiempo decir que se quiere reducir el impacto climático y tener ese objetivo como una de las principales políticas de Gobierno. Sería absurdo e incoherente.

En segundo lugar, porque es un subsidio que nos cuesta cerca de $30 billones al año, lo que corresponde a 2,1% del PIB colombiano. Todos esos recursos se podrían invertir en salud y educación, que es lo que realmente necesita el país, pero hoy los estamos utilizando para subsidiar a los dueños de los carros.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) se creó en 2004 para amortiguar la volatilidad de los precios internacionales del crudo sobre los combustibles líquidos. Por ejemplo, si el precio internacional de la gasolina sube $100 abruptamente, para evitar que ese costo lo asuman en su totalidad los consumidores, el Fepc subsidia un porcentaje de ese incremento y el restante lo traslada al precio interno. De igual forma, cuando el precio internacional baja, el Fepc ahorra una parte de esa reducción. El problema es que los subsidios se mantuvieron sin tener en cuenta la fluctuación internacional del precio del petróleo y solo en 2022 el Fondo presentó un déficit de $37 billones, según las cuentas del Gobierno.

Por eso la intención del Gobierno de reducir el déficit del Fepc se ha tomado como una política responsable con la estabilidad macroeconómica del país, en un momento en el que el déficit colombiano alcanza 5,5% del PIB. Es una de las decisiones de la cartera de Hacienda que ha dado señales de tranquilidad al mercado.

Ahora, falta el diésel, que corresponde a alrededor de 45% del total del consumo de combustibles líquidos en el país. La eliminación de ese subsidio tendrá que llegar, pero entendemos que el Gobierno no haga todo al mismo tiempo. Se tendrá que hacer cuando baje la inflación para que no se afecten los precios de los alimentos. El nuevo ministro de Hacienda ya lo dijo así y en eso estamos de acuerdo.

Todo suena bien hasta aquí, pero ahora la ministra de Minas y Energía propone que, para bajarle el precio a la gasolina, la producción nacional se venda a un precio inferior al precio internacional. Eso sería, en términos simples, obligar a Ecopetrol a que pierda plata. Pareciera que la ministra no conoce el concepto de costo de oportunidad.

A eso se suma lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo. No entendemos cómo un Gobierno que quiere que nos movamos hacia energías limpias le impone una regalía de 6% a los proyectos eólicos y solares. Además, lo muestran como si fuera un gran logro.

¿Cuál es la principal consecuencia de imponer de entrada esa carga impositiva? Que los proyectos no van a cerrar financieramente porque ahora tienen un costo mayor. Y si eso pasa, o tienen que subir las tarifas o simplemente no se hacen. Por ende, la esperada transición energética se va a demorar más. Es totalmente incomprensible. Un Gobierno que se muestra coherente con la reducción del subsidio a la gasolina resulta totalmente incoherente con su política de transición energética.