Todos estamos de acuerdo en que una reforma pensional es necesaria. No creo que exista una sola persona que conozca a profundidad el tema y crea lo contrario. Una muestra de eso fue el seminario que organizó ANIF con Fedesarrollo y el CEDE, donde se analizó la situación actual del sistema de pensiones en Colombia y se plantearon propuestas concretas para esta reforma, la próxima que viene en línea después de la de salud y la laboral y que seguramente estará también en el centro del debate nacional.

Durante el evento, quedó en evidencia un consenso sobre los tres problemas más graves del sistema. La baja cobertura es preocupante, pues solo 1 de cada 5 colombianos en edad de pensionarse logra hacerlo. La inequidad social del país se profundiza, principalmente porque los subsidios del régimen público van dirigidos a la población de mayores recursos. Por último, la carga de esos subsidios, sumado al envejecimiento de la población y al aumento de la expectativa de vida, generan una fuerte presión fiscal que lo hace financieramente insostenible.

En ANIF hicimos un extenso diagnóstico, al cual me referí en mi columna anterior, y que nos sirvió como base para establecer unos principios generales que se deben tener en cuenta en cualquier reforma al sistema de protección a la vejez. Los podría resumir así:

· Si la decisión finalmente es crear un sistema de pilares, la contribución al régimen público de pensiones no puede ser de una magnitud tal que deje prácticamente sin contribuciones al régimen privado. Explico: el gobierno plantea que todos los colombianos coticemos al régimen público, y solo si nuestro salario es superior a 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV), ese excedente se cotizaría al régimen privado. En ANIF proponemos que ese tope no sea mayor a 1 SMLV.

· Es muy importante fortalecer el pilar solidario que hoy existe con “Colombia mayor”, en el que los adultos mayores en situación de pobreza extrema reciben un ingreso mínimo por parte del Estado. En primer lugar, se debe aumentar la cobertura de este programa. Segundo, se debe incrementar el monto del ingreso -que hoy es de $86.000-, pero a un nivel sostenible financieramente. Y tercero, se debe financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación y no con las cotizaciones al sistema pensional.

· En este sentido, es imperativo que parte de los recursos que le entrarán al Gobierno Nacional por las cotizaciones al sistema público se ahorre y no todo se destine a cubrir gasto corriente.

· Además, por ningún motivo se debe tomar ni comprometer lo que ya han ahorrado las personas hasta hoy en sus cuentas individuales. No se debe ir por el “stock”.

· En concordancia con lo anterior, es muy importante llevar el gobierno corporativo de Colpensiones a los mejores estándares y así evitar que dependa de vaivenes políticos.

· Hay que explorar la posibilidad de que en el mediano plazo Colpensiones entre a competir, migrando hacia un sistema de capitalización. La pirámide poblacional y el envejecimiento de la población hacen cada vez más inviable en el mundo a los sistemas de reparto.

· Por último, pero no menos importante, sea cual sea la reforma que se defina, se debe diseñar un sistema de transición claro, donde se garantice que los derechos de las personas cercanas a la edad de pensión no se vulneren y que, además, no se ponga en riesgo su ahorro. En la práctica, eso implica una transición de por lo menos 10 años, sin importar cuánto se le puedan reducir al gobierno los ingresos de caja durante ese periodo.

La discusión está abierta y durante el seminario se plantearon diferentes propuestas muy valiosas que deberían ser tomadas en cuenta por el gobierno. Con estos espacios buscamos ser propositivos y ayudar a construir un sistema de protección a la vejez que sea incluyente, que ayude a aliviar la inequidad social y que sea sostenible en el tiempo.