Por estos días se ha empezado a mover el tema de la reforma laboral, y es claro que Colombia la necesita. El mercado laboral en el país sencillamente no funciona bien y está comprobado que las regulaciones actuales han sido muy exitosas en generar informalidad y desempleo. En cuanto a este último, las cifras que normalmente en Colombia se consideran como un gran logro, en otros lugares son inaceptables.
Pero esa característica no es exclusiva de nuestro país. No es casualidad que países como España, Italia y Francia, que tienen políticas de mercado laboral muy similares a las colombianas, muestren tasas de desempleo consistentemente altas. Mientras que en países como Chile, Estados Unidos y México, que tienen políticas laborales más flexibles y que favorecen la creación de empleo formal, las tasas de desempleo son consistentemente bajas.
En Colombia, sin embargo, hay un agravante, porque se suman regulaciones que crean mayor rigidez y exclusión. Por ejemplo, se impide cotizar a salud y pensión sobre un monto menor al salario mínimo, en un país en donde cerca de 51% de la población tiene ingresos menores. O, por otro lado, donde los costos a la nómina pueden llegar a equivaler hasta 70% del salario de un empleado. Si continuamos con políticas de ese estilo, ni con un crecimiento exponencial de la economía se lograría bajar el desempleo y la informalidad. De eso no tengo la menor duda.
Lo que esperaríamos entonces de la reforma laboral es que se mueva en la dirección correcta. Esto quiere decir, entre muchas otras cosas, reducir los costos de generar empleo formal, así como las trabas administrativas, remover las limitaciones para cotizar por debajo del salario mínimo, permitir y regular adecuadamente la contratación por horas, pasar al Presupuesto General de la Nación todos los gastos que hoy se financian a través de la nómina.
En otras palabras, una reforma se debería encaminar hacia la eliminación de distorsiones internas. Y este es un punto clave que quiero subrayar: esas distorsiones lo único que hacen es generar informalidad para las poblaciones más pobres, porque no son los ricos, sino las personas que tienen ingresos cercanos al salario mínimo, quienes se ven fuertemente afectadas.
Desafortunadamente, los anuncios del gobierno parecen indicar que la reforma laboral irá en la dirección contraria. Las barreras para la creación de empleo formal se profundizan, y con ellas se agravan los problemas del mercado laboral. Una reforma con las características que se han mencionado únicamente favorece a quienes ya tienen empleo formal. ¡Qué gran embarrada! Sí se favorece a ciertos grupos de la población, pero son los que ya están favorecidos: los que pertenecen al exclusivo club de los empleados formales y de los pensionados. Los trabajadores informales, por el contrario, llevan las de perder y quedan condenados a la informalidad.
Otro punto importante que no quiero dejar pasar es la loable intensión de cerrar las brechas de género. Sin embargo, se plantea una protección reforzada -por ejemplo, se crean barreras de despido a las mujeres- que al final lo único que logra es desincentivar la contratación a mujeres. Lo que sí resalto como muy positivo, es que la licencia de paternidad sea obligatoria y eventualmente iguale a la de las mujeres. Eso sí es poner a hombres y mujeres en el mismo nivel.
Por ahora, solo me queda por decir que si la reforma laboral y la pensional se presentan al mismo tiempo, tal cual las tiene planteadas el gobierno en este momento, sería una combinación mortal para la equidad del mercado laboral en el país. En una próxima columna haré un análisis detallado de las iniciativas de la reforma laboral en la medida en que continúe su proceso de concertación.