La mayoría de los exministros y exviceministros que hemos pasado por el Ministerio de Salud en los últimos 30 años, decidimos unirnos porque estamos nerviosos y preocupados con la reforma a la salud propuesta por el Gobierno Nacional. Estamos nerviosos porque aún no sabemos qué es exactamente lo que se propone y, de lo poco que sabemos, nos preocupa que nos devolvamos al escenario que vivimos antes de 1993. Escenario que claramente era muy malo.

En ese sentido, el viernes pasado radicamos un derecho de petición para el Ministerio en el que precisamente preguntamos eso: ¿cómo se va a garantizar que el derecho fundamental a la salud no retroceda y que, por el contrario, continúe avanzando? Ahí, en mi opinión, radica el punto principal. El país necesita saber cuáles son las medidas específicas que se van a tomar para proteger e impulsar el goce efectivo de ese derecho. Como bien lo dice el documento que presentamos, las medidas regresivas están prohibidas por ley.

Pero, además, necesitamos saber cómo se va a demostrar que eso sí se está cumpliendo. Le pedimos entonces al Gobierno Nacional que presente cuál es la información y los datos que sustentan su propuesta de reforma, y cuáles son los indicadores específicos que están utilizando para analizar el actual sistema de salud. Debe haber unas cifras de base hoy para poder medir los resultados que se esperan obtener.

Este es apenas uno de los cinco temas claves en los que se agrupan las 15 preguntas del documento.

Un segundo punto está relacionado con la participación ciudadana en el proceso de consideración, deliberación y aprobación de la reforma. El Ministerio ha dicho que el articulado se hará público en el momento en que se radique en el Congreso de la República, lo que, como hemos dicho, cierra los espacios de diálogo y concertación previos. Sin duda, el derecho político de participación democrática se está viendo afectado. ¿Qué medidas concretas se tomarán para que la participación, amplia y temprana, sea efectiva y no solo formal?

En el tercero, pedimos que se dé a conocer el plan de política pública en el que se enmarca la reforma y que debe cumplir unos mínimos constitucionales. “Toda reforma a un derecho fundamental debe ir de la mano de una definición de política pública que determine los tiempos, los cómos y los recursos”, dice el documento.

Esto quiere decir que debe haber metas claras y plazos sostenibles, y que se deben dar a conocer de manera transparente.

El cuarto, tiene que ver con la sostenibilidad. En pocas palabras, cuánto nos va a costar la reforma que se propone y de dónde saldrán los recursos. ¿Cómo se va a asegurar el derecho a la salud con sostenibilidad? Y el quinto, pero no menos importante, se refiere al proceso de transición. Los colombianos tienen que saber cómo se avanzará hacia el nuevo sistema de salud que plantean y qué mecanismos y herramientas concretas se van a implementar para garantizar que las personas que se encuentran actualmente en un tratamiento continúen gozando efectivamente de su derecho a la salud.

Este derecho de petición surge de nuestra preocupación legítima por el bienestar de los colombianos, especialmente de los más vulnerables, pues la salud es la variable que más afecta el bienestar de la población.

El sistema de salud actual ha funcionado muy bien. Sin negar que debe mejorar en ciertos puntos específicos, hoy no existe una preocupación profunda y generalizada en este tema. Pero si el sistema empieza a funcionar mal, si retrocedemos en garantizar este derecho fundamental, no solo va a haber una explosión social y un problema fiscal para el gobierno, sino que la gente se va a empezar a morir. Así de grave es. No hacen falta argumentos para subrayar que la reforma nos involucra a todos los colombianos y el Ministerio debe actuar en consecuencia.