Muchos nos preguntamos por qué el gobierno de Gustavo Petro insiste tanto en la reforma a la salud. Y nos lo preguntamos porque, primero, es una reforma improvisada y claramente inconveniente para el país. Lo hemos dicho incansablemente: no tiene ningún sentido echar por la borda un sistema que ha tenido tantos logros y que es reconocido internacionalmente por eso. Así quedó demostrado, una vez más, con las cifras de pobreza multidimensional publicadas por el Dane hace unos días. Según esos datos, entre 2021 y 2022 la pobreza se redujo tres puntos porcentuales, de los cuales la salud tuvo un papel protagonista: contribuyó en casi un punto porcentual a esa reducción.

Con estas cifras, nadie entiende la obsesión del gobierno con el tema. Sobre todo, si además se tiene en cuenta que la Encuesta de Satisfacción del propio Ministerio dice que 80% de los pacientes están satisfechos con el servicio recibido, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

Segundo, nos preguntamos, ahora más que nunca, por qué tanta insistencia si la reforma a la salud se convirtió en un proyecto que le ha causado enormes problemas al mismo gobierno. No solo hizo que salieran varios ministros, sino que en un segundo le desbarató su coalición en el Congreso. Además, como si fuera poco, le ha hecho perder aprobación entre la gente. Eso sí que genera dudas.

Con estos antecedentes, lo más lógico sería que la retiraran e hicieran un proceso de consenso público, amplio y discutido, y ahí sí, después de eso, presentar dentro de un año una reforma consensuada. Pero no, siguen empujándola tercamente.

Vienen entonces las preguntas. ¿Será que son tan orgullosos que no les importa la opinión de médicos, pacientes, analistas, prestadores del servicio, diversos sectores políticos, y quieren pasarla a toda costa? ¿Será solo cuestión de ideología? ¿O será que hay algo más? En ese sentido, ya varios se cuestionan si lo que pretenden es quedarse con los $80 billones anuales que cuesta el sistema de salud. ¿Es válido pensar que esa plata la podrían manejar a su antojo, utilizarla para ejercer poder sobre políticos, dar subsidios y, por ejemplo, construir hospitales sin la planeación debida?

¿Y qué pasa con los $26 billones de las pensiones que recibiría el gobierno si el umbral para las cotizaciones al sistema público se deja en tres salarios mínimos, como dice la reforma pensional? Eso suma casi $110 billones nuevos que entrarían a las arcas del gobierno cada año, lo que equivale a cinco reformas tributarias.

¿Tienen peso estos interrogantes? ¿O es exagerado pensar así? ¿Estamos asistiendo a una estatización de la salud para que quien esté en el ejecutivo tenga un presupuesto como nunca antes visto en Colombia? Estos son recursos que, si no son manejados correctamente, a cualquier gobierno lo pueden eternizar en el poder.

Fíjense estimados lectores que el gobierno nunca ha mostrado un cuadro o una gráfica, nunca ha hablado de un indicador que justifique una reforma. Lo único que ha dicho son frases vendedoras como que la salud debe dejar de ser un negocio, o que la cobertura no es acceso, o frases que apelan al derecho a la salud y a la equidad, pero nada está respaldado con evidencias técnicas. Mientras los opositores a la reforma sí muestran argumentos sólidos, respaldados en gráficas, números y datos, el gobierno se fundamenta en retórica. A punta de frases van a acabar con la salud de los colombianos.