El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo lo siguiente el pasado 18 de octubre, durante el foro de Camacol: “Yo pregunto, ¿qué dijo Anif hace dos años cuando la administración de Duque aumentó el salario varios puntos por encima de la inflación? Si Anif dijo algo hace dos años, yo le respetaría la opinión hoy en día, pero si no lo dijo, no la respetaría. Hay que ser consistente”.
Aquí le respondo al exministro Ocampo. Siempre hemos sido consistentes en las observaciones que hemos hecho sobre el incremento excesivo del salario mínimo. De hecho, en el documento de Anif titulado “No es el momento de poner en peligro la recuperación del empleo”, que fue publicado el 9 de diciembre de 2021, hicimos los siguientes comentarios.
En primer lugar, planteamos que el aumento del salario mínimo para 2022 no debería ser mayor a 7%, considerando que la inflación estaría alrededor de 5% y el aumento de la productividad se proyectaba por el orden de 1 a 1,5%. Más importante aún, advertimos sobre los efectos negativos que traería un aumento superior.
En ese momento, el empleo apenas empezaba a recuperarse después de la pandemia, por lo que argumentamos que un incremento excesivo podría frenar ese proceso. Dice el documento: “El desempleo y la informalidad en Colombia están estrechamente relacionados con un salario mínimo que crece mucho más rápido que la productividad media del trabajo (…) Los incrementos excesivos del mínimo cada vez hacen más difícil que aquellos que no lo ganan puedan entrar al mercado laboral formal (…) Si continúa creciendo como lo ha hecho, lo único que observaremos es un grupo cada vez más reducido de personas ganando mejores salarios, al mismo tiempo que entre los grupos más vulnerables crece el desempleo y la desprotección social”.
En pocas palabras, un incremento del salario mínimo por encima de la inflación más el aumento de la productividad impacta directamente en la capacidad de las empresas de generar y mantener el empleo formal. No olvidemos que en Colombia 96% de las empresas son micro y pequeñas empresas, para las que es muy difícil soportar la carga prestacional, la cual en Colombia es ya bastante alta.
También resaltamos los efectos sobre el sistema de protección social, en particular los efectos sobre el sistema pensional. En la medida en que aumenta el desempleo y la informalidad, se reduce el número de personas que cotizan a pensiones y que van a lograr los requisitos para recibirla. Y esto porque, por definición, el sistema pensional colombiano excluye a los desempleados e informales.
Pero no solo se afecta la cobertura, también lo hace la sostenibilidad financiera del sistema. Con el aumento de la pensión mínima, que está anexada al salario mínimo, aumentarían los subsidios implícitos para las personas que reciben ese tipo de mesadas en el régimen público. A esto se suma el incremento del costo fiscal relacionado a los salarios públicos. Esos dos ítems, dijimos en el documento, significarían un impacto fuerte en la situación fiscal del país. “(…) estaríamos hablando de una erogación adicional de alrededor de $0.9 billones si el salario mínimo sube 10%. En las condiciones fiscales actuales del país, es claro que esto no es recomendable”.
Esos mismos reparos los hacemos hoy, incluso con más fuerza, porque en 2021 la economía estaba creciendo a 10% y hoy lo está haciendo casi a 0%. Así que un incremento tan grande del salario mínimo para 2024 -de dos dígitos como propone el exministro Ocampo- lo único que va a generar es desempleo, informalidad y mayores problemas fiscales. En Anif sostenemos que el aumento del salario mínimo debe ser de 9%, eso es ser consistentes.