Destruir valor, consigna del petrismo

Uno de los retos más importantes que tendrá el próximo Gobierno será restablecer la confianza en el Estado colombiano y su capacidad para obrar en beneficio de sus ciudadanos. Aunque por muchos años existieron dudas sobre la capacidad de nuestro aparato estatal para cumplir sus propósitos, resultado del uso de las instituciones para fines puramente burocráticos, en los últimos años esas dudas parecen haberse confirmado, en muy buena medida por la incapacidad del actual Gobierno para designar profesionales formados en las áreas necesarias para la adecuada dirección de las más importantes instituciones, algo que se expresa en casi todos los ministerios y otras entidades del Estado. Situación que se agrava aún más con el nombramiento de funcionarios dispuestos a cumplir los deseos personales del Presidente de la República, independientemente de si estos (sus deseos) van en contravía de los fines para los cuales existen las entidades que lideran. Pareciera que la consigna del actual Gobierno es la destrucción de valor.

Basta observar el desarrollo de los consejos de ministros del actual Gobierno para darse cuenta de que quienes lo integran carecen del carácter y la formación profesional indispensables para estar al frente de las carteras. Un grupo de personas sometidas a la voluntad del presidente, que no dudan en cumplir sus órdenes y que en muchos casos soportan insultos que en cualquier equipo de trabajo preparado, intelectual y moralmente, no se tolerarían. En muchos casos, siguiendo las órdenes independientemente de las consecuencias que ello pueda aparejarles en materia disciplinaria y penal.

Ministros que, además, se han encargado de deshacerse del grueso de funcionarios que contaban con la experiencia y la capacidad técnica para liderar las distintas áreas de dichas entidades, a cambio del nombramiento de cientos de funcionarios que carecen de la experiencia y las calificaciones necesarias. Prueba de ello es el aumento injustificado del aparato estatal en los últimos tres años, con las consecuencias que ello genera en materia fiscal para el país.

Lo anterior se refleja igualmente en las intervenciones al sector salud, en las que se han nombrado agentes interventores sin la experiencia necesaria para sacar las sociedades intervenidas adelante. Todo lo contrario: las intervenciones, lideradas por este Gobierno, han generado un detrimento importante de las intervenidas en materia de patrimonio y capacidad de servir a sus pacientes. Basta ver los números de la Nueva EPS y los de la EPS Sanitas para corroborar la situación. Intervenciones que, además, llevarán al Estado colombiano a soportar condenas internacionales por las violaciones a los derechos de los accionistas de esas sociedades. Muestra de ello también es la reducción de los requisitos para liderar las superintendencias más importantes del país (Financiera, Industria y Comercio y Sociedades), mediante la expedición del Decreto 0226 de 2026. Decisión que le envía un mensaje claro a los mercados y a las organizaciones internacionales que por años han emitido recomendaciones en la materia, sobre el desconocimiento de estas y el poco interés de este Gobierno de hacer parte de las mismas. Ni hablar de Ecopetrol, empresa que pasó de tener poco más de cincuenta billones en utilidades a nueve en tan solo tres años, con una junta directiva servil, incapaz de tomar decisiones frente a un presidente que, más allá de las investigaciones en su contra, no ha sido capaz de generar valor alguno para la empresa. Así las cosas, el próximo Gobierno recibirá un Estado disminuido, con una capacidad menguada y con la necesidad de repensarse. Realidad que genera también la oportunidad para avanzar en la reestructuración del Estado colombiano, eliminar aquello que no se necesita, reformar lo que se requiere y generar valor para los colombianos. Oportunidad para pensar en un Estado dedicado al servicio de los colombianos y no en uno cuyo funcionamiento beneficia o satisface exclusivamente los intereses de quienes lo dirigen.