¿Estado colombiano, guardián de la corrupción?

A diez años de la expedición de la Ley 1778 de 2016 resulta necesario realizar un balance sobre las bondades de su implementación y los retos que permanecen para el país en materia de soborno y corrupción. Balance que se anticipa negativo, consecuencia de la falta de interés del Estado colombiano en la implementación de buenas prácticas en la materia en el interior de sus instituciones.

No es equivocado decir que la implementación de esa norma marcó un punto de inflexión en la forma como Colombia busca enfrentar la corrupción empresarial. Una ley que se presentó como respuesta del país a los estándares promovidos por la Ocde, reflejando la decisión de alinear el marco jurídico colombiano con las mejores prácticas internacionales en la lucha contra la corrupción transnacional. Norma que nos permitió transitar hacia un régimen que reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas y que respondió a una premisa fundamental del modelo Ocde: la corrupción transnacional no puede combatirse eficazmente si no se involucra de manera directa a las empresas y si no se les exigen sistemas robustos de prevención, control y respuesta.

Diez años después, sin embargo, es legítimo preguntarse cuál ha sido el impacto real de este régimen. Hoy las empresas hablan de compliance con mucha mayor naturalidad que hace una década. Los programas de cumplimiento, los códigos de ética y los mapas de riesgo forman parte del lenguaje cotidiano del gobierno corporativo, lo que ha generado mayor transparencia para el desarrollo de nuestros mercados.

Pero junto con estos avances, principalmente en el ámbito empresarial, persisten desafíos relevantes. La coherencia regulatoria y la proporcionalidad de las sanciones siguen siendo temas abiertos a la discusión. En las evaluaciones recientes de la Ocde se insiste en que la existencia formal de normas y programas de cumplimiento en el país no es suficiente si no se tiene una capacidad real de prevención y disuasión. Evaluaciones en las que se advierte el incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en la materia y la posibilidad de que el país sea declarado como “no cooperante”, lo que sometería a nuestras empresas a procedimientos de diligencia debida intensificados. Preocupa la falta de coordinación entre entidades, particularmente la UIAF, la Supersociedades y la Fiscalía General de la Nación. Además, se llama la atención sobre la necesidad de adoptar medidas para proteger a los denunciantes de actos de corrupción.

Las estadísticas respaldan esas preocupaciones. La Encuesta sobre Corrupción en América Latina 2024, realizada por la firma Miller & Chevalier, muestra resultados aterradores. La percepción de corrupción entre nuestros empresarios se incrementó de un 25% en 2016 al 45% en 2024. Adicionalmente, un 50% de nuestros empresarios señala que la corrupción es ahora un obstáculo importante para hacer negocios. Peor aún, cada vez más colombianos citan la pérdida de negocios debido a la corrupción existente en el país (32% en 2020 versus 44% en 2024). Estadísticas que además justifican que el país aparezca en el puesto 99 de 182 en el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional.

Las cifras y las potenciales sanciones preocupan, son resultado de la inacción del Estado, o tal vez de su complicidad con la corrupción misma. Un Estado que parece ser el guardián de la corrupción, que solo atiende la problemática ante la presión social, las denuncias del público, o como reacción a las investigaciones de periodistas que parecen tener más capacidad de rastreo de actos de corrupción que las “robustas” instituciones que hemos creado para combatir este flagelo.

Ahora también con un gobierno que parece encontrar en el sector privado al culpable de todos los males, pero que no reacciona ante las denuncias de corrupción en contra de sus funcionarios, que incentiva de manera constante la idea de que las normas solo les aplican cuando sirven a sus intereses. Un gobierno que no da ejemplo, que incentiva aquellas prácticas que las normas citadas pretenden eliminar y que, en definitiva, no ofrece las garantías de transparencia para el desarrollo de nuestro sector productivo.