Estado y estadios

En Barranquilla se inician las obras de remodelación del estadio Metropolitano, cuyo costo inicial asciende a US$45 millones; en Neiva se invierten en el estadio Guillermo Plazas Alcid cerca de $58.000 millones (después del colapso de una de sus tribunas), mientras el alcalde de Medellín anuncia la inversión de $750.000 millones para la remodelación del Atanasio Girardot. Anuncios y decisiones populistas que, en un país lleno de necesidades, deben analizarse cuidadosamente. No es un tema menor: las inversiones anunciadas se realizarán con recursos públicos, bastante escasos por estos días, destinados al mejoramiento y mantenimiento de unas infraestructuras cuyos únicos beneficiarios son empresarios del sector privado.

Y es que el uso y explotación de esos escenarios poco o nada beneficia al interés público, uno que podría satisfacerse de mejor forma con la construcción de parques o complejos deportivos, bastante escasos también en nuestras ciudades, cuyo uso y acceso podrían beneficiar a la mayoría de ciudadanos en el día a día de sus vidas. Como todos sabemos, el uso de los estadios recae casi que exclusivamente en privados, que explotan económicamente las infraestructuras y las usan por un periodo limitado de tiempo sin ofrecer mayor retribución o rentabilidad para el Estado. Peor aún, en la mayoría de los casos, haciendo exigencias a las autoridades sobre las condiciones de dichos escenarios.

Los clubes de fútbol (quienes además tienen el convencimiento de que esos escenarios están dispuestos exclusivamente para ellos) o los promotores de conciertos pagan unas tasas de uso que en nada recompensan las inversiones que hacen las autoridades locales en estos escenarios. Es más, en muchos casos las inversiones se realizan para satisfacer las necesidades de un evento deportivo particular (privado) y sin un análisis adecuado de los beneficios que aquellas tienen para la sociedad con posterioridad al mismo. Prueba de ello es el usual abandono al que quedan sometidos muchos escenarios después de tales eventos. No en vano, en la mayoría de los países desarrollados, los estadios (o arenas, como se les llama comúnmente) son propiedad de empresas privadas (muchas de ellas clubes de fútbol) que se encargan de su construcción, mantenimiento y operación. Inclusive, con casos como el del London Stadium, que, después de ser construido con fondos públicos para el desarrollo de los Juegos Olímpicos, fue entregado en arriendo a un equipo de fútbol por una suma considerable de dinero.

Y es que, por mucho que tratemos de justificar que los espectáculos deportivos, musicales o de entretenimiento en general, y los empleos temporales que se generan en torno a estos, son parte fundamental de la esfera estatal, lo cierto es que, en una situación fiscal tan compleja como la actual, no se justifican las inversiones anunciadas. Máxime cuando existen instrumentos jurídicos y económicos que permiten, como sucede en el caso del Estadio El Campín o el Movistar Arena, que agentes privados asuman de manera integral esas inversiones y los riesgos que ellas aparejan. Extraña, entonces, que ciudades como Medellín o Barranquilla, con el enorme potencial que tienen para el desarrollo de eventos deportivos y musicales, sigan limitando el desarrollo de esas infraestructuras a la disponibilidad de recursos públicos, cuando es evidente que esos proyectos, con sus correspondientes riesgos, podrían estar en la esfera privada.

Esperemos que nuestros gobernantes analicen de mejor manera las prioridades de las instituciones que lideran, que inviertan de mejor forma nuestros recursos y que reconozcan nuestra realidad fiscal, así como la existencia de instrumentos que permiten que esas infraestructuras sean desarrolladas por privados, logrando los mismos propósitos, sin arriesgar el patrimonio público.