La justicia cojea… y nada que llega

Para nadie es un secreto las dificultades que genera para nuestros empresarios y las universidades privadas del país (además de las cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro) el impuesto al patrimonio incorporado vía decreto por el Gobierno Nacional, su carácter confiscatorio y las dudas que existen en torno a la constitucionalidad de los decretos de emergencia económica mediante los que el gravamen nació a la vida jurídica. Un contexto económico y jurídico complejo, que exigía una pronta resolución por parte de la Corte Constitucional en pro de la seguridad jurídica del país.

Desafortunadamente, la justicia cojea… y nada que llega.

Una justicia que adolece de eficiencia y oportunidad; una que, como todos sabemos, enfrenta serios problemas en su estructura y funcionamiento. Como lo evidencian las estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia, el país está sometido a la ineficiencia de nuestro aparato judicial. Uno en el que cada año, en promedio, más de cinco mil presos ven la libertad como consecuencia del vencimiento de términos, y en el que el índice de congestión se sitúa en niveles críticos, con una tasa superior a 58% en años recientes, lo que nos pone entre los cinco países con mayor sobrecarga judicial en la región.

Las razones son diversas y las soluciones que hasta la fecha se han ofrecido, fallidas.

Desde hace ya varios años se ha experimentado con distintas fórmulas, casi todas encaminadas a trasladar a entidades del ejecutivo la administración de un número importante de trámites judiciales. La insolvencia, la protección al consumidor, los conflictos por competencia desleal y societarios, entre otros, han sido entregados a las superintendencias, por ejemplo, lo que ha terminado por afectar la integridad e independencia de la rama judicial. Además, la mora judicial se trasladó a las superintendencias, por lo que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.

Más allá de las discusiones que esto último pueda generar, lo cierto es que el problema de la mora judicial persiste; es más, se ha normalizado al punto de que ya ni siquiera es un tema de la agenda de este país.

Mora judicial que, en el análisis de la constitucionalidad y legalidad de las normas expedidas por el ejecutivo, es igualmente preocupante. En un país sometido al abuso constante de las facultades reglamentarias del ejecutivo (en todos sus niveles), así como al uso y abuso de los estados de excepción, es esencial contar con un aparato judicial que responda de manera eficiente y oportuna a los interrogantes que se generan con esas normas. Sobre todo cuando se convirtió en regla la utilización de aquellos para imponer vía decreto los tributos que no fueron incorporados por vía legislativa, aprovechando para imponer el pago de estos en un plazo muy corto. Lo anterior, valiéndose, claro está, de la ineficiencia de nuestro aparato judicial.

En ese contexto, no es entendible ni admisible que las cortes se hubiesen ido de vacaciones sin solucionar las discusiones que ha generado el impuesto al patrimonio. Si bien en los últimos años la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se han convertido en guardianes efectivos de la Constitución y la ley, conteniendo los distintos intentos del Gobierno por violar el orden jurídico e institucional, lo cierto es que, en este caso, la justicia colombiana no llegó de manera oportuna.

Parece no haber importado que el primero de abril se materializaran los efectos de los decretos espurios; que nuestros empresarios y universidades tengan que pagar un tributo confiscatorio que afecta de manera directa su capacidad para seguir generando valor para el país.

El resultado: muchos de ellos (empresarios y universidades) pensando en las distintas fórmulas que deberán implementar para disponer de los recursos a pagar, así como en las soluciones para seguir adelante, tal vez con unos desempleados más, proyectos postergados o terminados y mayores niveles de inseguridad jurídica.

La justicia necesita legitimidad y ganarse la confianza del pueblo colombiano, lo que se logra por la vía de la eficiencia, con decisiones oportunas y justas, algo que en este caso (como en muchos más) no obtuvimos.