Las cifras de la insolvencia

Para nadie es un secreto la compleja situación económica del país. Muy a pesar de la narrativa del actual Gobierno sobre la “buena” salud de nuestra economía, lo cierto es que las cifras de ciudadanos y empresas en insolvencia aumentan dramáticamente año a año, reflejando una realidad distinta.

Según la información reportada en el Atlas de la Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, en 2025 más de seiscientas empresas fueron admitidas a un trámite de reorganización y/o liquidación. Además, poco más de diez mil colombianos (pequeños empresarios y familias), 50% más comparado con 2024, entraron en la misma situación.

Cifras y estadísticas que no consideran de manera alguna a la economía informal, que oscila entre uno y dos tercios del total de empresas, sector que por su naturaleza no acude a los mecanismos recuperatorios establecidos en las normas vigentes en la materia.

Las cifras preocupan, pero aún más la pasividad de nuestras instituciones frente al problema. No existe en la actualidad una política pública sólida que permita la implementación de remedios económicos para las empresas en crisis, el acompañamiento a nuestros empresarios o la búsqueda de condiciones aptas para facilitar instrumentos de inversión y financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, mucho menos para las grandes. Todo lo contrario: las medidas adoptadas recientemente en materia de salario mínimo y los impuestos derivados de la emergencia económica no hacen más que incrementar la presión sobre el sector empresarial.

También preocupa la falta de una institucionalidad que, desde lo público, permita una solución pronta y oportuna de la crisis. Con excepción de las medidas adoptadas durante el Gobierno Duque (Decreto 772 de 2020) para mitigar los efectos de la pandemia, con su posterior incorporación como legislación permanente (Ley 2437 de 2024), que abrió la posibilidad de tramitar procedimientos de insolvencia ante los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio, los esfuerzos del Estado colombiano no pasan de un discurso -prueba de ello es que la ley no ha sido reglamentada-.

Los tiempos de duración de los procesos de insolvencia siguen siendo eternos, lo que hace que no se cumplan de manera eficaz los propósitos para los cuales están diseñadas las normas y las instituciones.

Pero no todo es negativo. El incremento del número de empresas y personas que acuden a los mecanismos de recuperación establecidos en las normas vigentes es una muestra de confianza en el sistema concursal. Demuestra igualmente que nuestras empresas y empresarios (incluidos sus acreedores) han madurado para entender que esos mecanismos, cuando se implementan correctamente, traen beneficios económicos y reputacionales. Miles son los ejemplos de empresas que han transitado exitosamente por la crisis.

De igual forma, la crisis desatada con la pandemia nos permitió entender que la implementación de procedimientos “privados” es necesaria y fundamental. Primero, porque permiten la realización de estos trámites de una manera mucho más eficiente, tanto en términos económicos como jurídicos. Con las medidas adoptadas, pasamos de trámites de dos o cuatro años (en el mejor de los casos) a unos de tan solo tres meses. En esto ha sido fundamental el papel que han desempeñado, aprovechando su experiencia en mediación, los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Cámara de Comercio de Medellín, referentes en la materia.

Segundo, porque ayudan a liberar la presión existente sobre la Superintendencia de Sociedades, juez del concurso, que se ha visto desbordada por la gran cantidad de trámites, lo que debería permitirle a la entidad concentrarse en aquellos de mayor relevancia económica y social a su cargo. Esperemos que el régimen institucional y legal actual se adapte rápidamente a los retos que enfrenta la economía. De igual forma, que los empresarios y sus acreedores entiendan las bondades de acudir a los mecanismos privados vigentes, de manera tal que las crisis futuras -esperamos lejanas- puedan ser superadas de forma más eficiente, preservando así el tejido empresarial del país.