Pasar la consulta previa al tablero

La consulta previa nació como una garantía constitucional para proteger a las comunidades étnicas frente a los impactos que pueden generar proyectos de hidrocarburos, infraestructura o minería en sus territorios. Sin embargo, en la práctica, ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores factores de incertidumbre para la ejecución de proyectos estratégicos en Colombia.

El problema no es la existencia del derecho. Por el contrario, su protección es indispensable en un Estado social de derecho. El verdadero problema es que, más de tres décadas después de la Constitución de 1991, el país sigue sin definir con claridad las reglas que gobiernan su ejercicio.

La ausencia de una ley estatutaria ha obligado a que sea la jurisprudencia constitucional la que, sentencia tras sentencia, intente llenar los vacíos normativos. El resultado es un escenario de permanente inseguridad jurídica, en el que ni las comunidades ni los empresarios tienen certeza sobre el alcance de sus derechos y obligaciones.

A esa indefinición se suma otro obstáculo: la debilidad institucional. Son múltiples las entidades públicas que participan en los procedimientos de consulta previa, pero pocas veces actúan de manera coordinada. Con frecuencia, el Estado se limita a observar el proceso desde la barrera, dejando a empresas y comunidades enfrentadas en negociaciones complejas y tensas. Se olvida así que su función no puede ser la de un simple espectador.

Debe actuar como garante del procedimiento y como mediador imparcial entre las partes.
La falta de reglas claras ha provocado, además, una desviación progresiva de los objetivos para los cuales fue concebida la consulta previa.

En numerosos casos, el procedimiento ha dejado de ser un mecanismo destinado a identificar, prevenir y compensar impactos sobre las comunidades para convertirse en el espacio donde se intentan resolver carencias históricas del Estado. Necesidades relacionadas con servicios públicos, infraestructura básica, salud o educación terminan trasladándose a los empresarios, quienes son llamados a suplir obligaciones que, en realidad, corresponden a las autoridades públicas.

La situación se vuelve todavía más compleja cuando el procedimiento es utilizado como una herramienta de presión para frenar proyectos o para obtener beneficios económicos desvinculados de los impactos reales de la actividad que se pretende desarrollar. Más allá de que estos casos sean o no generalizados, lo cierto es que generan incertidumbre, elevan los costos de transacción y afectan la confianza de quienes buscan invertir en el país.

Las consecuencias son evidentes. Los riesgos sociales, ambientales y financieros inicialmente considerados durante la estructuración de los proyectos terminan multiplicándose. Los cronogramas se extienden durante años, los costos aumentan de manera significativa y muchas iniciativas pierden viabilidad económica. Colombia acumula así oportunidades perdidas en sectores fundamentales para su crecimiento y competitividad.

Por eso, la discusión ya no debe centrarse en si la consulta previa es necesaria. Lo es. La verdadera pregunta es cómo garantizar su efectividad sin convertirla en un obstáculo insuperable para el desarrollo del país. La respuesta pasa por una regulación moderna, clara y equilibrada que defina procedimientos, tiempos, competencias y responsabilidades, reduzca la discrecionalidad y fortalezca la seguridad jurídica para todos los actores involucrados.

El nuevo Gobierno y el nuevo Congreso tienen una oportunidad que Colombia ha postergado durante demasiado tiempo. Regular adecuadamente la consulta previa no significa debilitar los derechos de las comunidades étnicas. Significa fortalecerlos. Significa ofrecer reglas claras, procedimientos transparentes y una institucionalidad capaz de equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de impulsar los proyectos que demanda el desarrollo nacional.

La consulta previa no puede seguir siendo una fuente permanente de conflicto e incertidumbre. Debe convertirse, finalmente, en lo que siempre debió ser: un instrumento de diálogo, confianza y construcción conjunta entre las comunidades, el Estado y quienes invierten en el futuro del país.