Poner la vara alta

La llegada del nuevo gobierno debe suponer un cambio sustancial en la forma como se administra el Estado, en la implementación y/o restablecimiento de políticas públicas que sirvan efectivamente para el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución Política y, especialmente, en la forma como los colombianos hemos terminado interiorizando -y/o tal vez aceptando- conductas de la clase política tradicional -la corrupción, por ejemplo- que no deberían ser parte de nuestro día a día. En esa tarea es fundamental que el nuevo gobierno y el país en general entiendan que el punto de comparación en la gestión realizada no podrá ser lo realizado por el gobierno saliente.

Y es que el gobierno saliente ofreció poco o nada en materias fundamentales para el desarrollo social y económico del país. A pesar de su discurso del “cambio”, terminó adoptando la corrupción como una práctica propia, tal y como lo habían hecho ya otros gobiernos; fue deficiente en la administración de los recursos del Estado -hoy en día es difícil descifrar en qué se ha gastado el exceso de los recursos adquiridos vía endeudamiento- y se dedicó, mayoritariamente, a satisfacer los deseos de un presidente que se quedó en el discurso de candidato, criticando un aparato estatal del cual era la cabeza. La vara quedó muy baja.

Precisamente por eso, el principal desafío del nuevo gobierno no será demostrar que es mejor que el anterior, sino acreditar que está a la altura de las exigencias de una democracia moderna. Colombia necesita instituciones eficaces, políticas públicas evaluables y servidores comprometidos con resultados concretos. La ciudadanía no puede conformarse con discursos ni comparaciones complacientes. La vara debe fijarse donde corresponde: en la reducción de la corrupción, la seguridad, la calidad del servicio de salud, el desarrollo de la infraestructura, la confianza institucional y la generación de oportunidades. Solo así el cambio dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad verificable.

También sería un error que la nueva administración redujera su agenda a la persecución política, judicial o mediática de quienes ocuparon cargos en el gobierno anterior. Las irregularidades que eventualmente se hayan cometido deben ser investigadas y sancionadas por las instituciones competentes, pero un país no progresa cuando sus gobernantes dedican más tiempo a señalar los errores heredados que a construir soluciones para el presente. Gobernar exige corregir, pero también proponer; exige denunciar cuando corresponde, pero, sobre todo, ejecutar y transformar.

La historia demuestra que los gobiernos que se instalan en la lógica permanente de la recriminación terminan convirtiendo el pasado en una excusa para justificar sus propios incumplimientos. Como recordaba Harry S. Truman: “la responsabilidad recae aquí” (The buck stops here), una expresión que sintetiza el deber de asumir el mando sin trasladar permanentemente las culpas a otros. Los colombianos tienen derecho a exigir explicaciones sobre los errores del pasado, pero también a reclamar resultados frente a los desafíos del presente y del futuro.

La vara, en consecuencia, no debe medirse ni contra el fracaso del gobierno Petro ni contra la habilidad del gobierno entrante para encontrar culpables. Debe medirse frente a la capacidad real de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, fortalecer nuestras instituciones y recuperar la confianza en lo público. Solo así será posible demostrar que Colombia ha decidido, por fin, elevar sus expectativas y exigir de sus gobernantes algo más que discursos y recriminaciones.