Reevaluar la intervención estatal
miércoles, 18 de noviembre de 2026
Maximiliano Rodríguez Fernández
Colombia necesita revaluar seriamente la forma en que el Estado interviene y regula nuestra economía. La actual crisis fiscal convierte esa discusión en una necesidad impostergable. Un país con severas restricciones presupuestales no puede limitar el debate a eliminar algunos cargos o entidades, crear impuestos o buscar nuevos ingresos. Debemos priorizar la intervención, preguntarnos cuántas entidades y cargos son realmente necesarios y, especialmente, si cada intervención pública produce beneficios que justifiquen sus costos.
La austeridad inteligente no consiste simplemente en gastar menos. Exige reducir el tamaño del Estado donde su presencia no sea necesaria y fortalecerlo donde resulte indispensable. Un proceso que debe guiarse por una premisa sencilla: la libertad económica es la regla; la intervención estatal debe ser la excepción y, por tanto, debe estar debidamente justificada.
Durante décadas hemos asociado la acción del Estado con nuevas leyes, decretos, organismos, comisiones, trámites y funcionarios. Cada problema que enfrenta nuestro país deriva en una nueva forma de intervención. No obstante, y con contadas excepciones (sector financiero, por ejemplo) la intervención ejercida no ha generado mejores mercados y la mayor burocracia resultante tampoco ha mejorado la capacidad estatal para resolver nuestros problemas. El sector salud es, tal vez, la viva demostración de que la intervención estatal ha fracasado.
El análisis económico del derecho lleva tiempo advirtiéndolo. James M. Buchanan propuso analizar la regulación no solo a partir de los fines de interés público que formalmente pretende alcanzar, sino también desde los incentivos que explican su adopción y funcionamiento. Desde la perspectiva de la elección pública, la intervención estatal no constituye necesariamente una solución eficiente a las fallas del mercado: el propio proceso político y regulatorio está sujeto a incentivos, intereses particulares y fallas institucionales que pueden conducir a resultados ineficientes. Hoy por hoy está más que demostrado que la regulación directa debe contrastarse con otros mecanismos para corregir una determinada falla y que esa comparación debe considerar, entre otros elementos, la información disponible y los costos administrativos.
No se trata, por supuesto, de prescindir del Estado, sino de reducirlo a sus justas proporciones. Una cosa es capacidad estatal y otra, muy distinta, la obesidad burocrática. Un Estado que pretende intervenir en todo termina dispersando inadecuadamente los pocos recursos con que cuenta para cumplir adecuadamente sus funciones esenciales.
Desde esta perspectiva resultan especialmente pertinentes las propuestas de Daniel Alejandro Monroy en el documento Propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, elaborado por la Universidad Externado de Colombia. Al formular diez propuestas para mejorar nuestra gobernanza normativa, el profesor Monroy plantea una idea que debería convertirse en regla: aprovechar las instituciones, plataformas y normas existentes, evitando crear otras nuevas salvo que resulte verdaderamente indispensable.
El principio debería extenderse al funcionamiento de todo el aparato estatal. Además, no basta con evaluar antes de regular. Debemos hacerlo después. La propuesta de Daniel Alejandro Monroy plantea evaluaciones expost que permitan decidir si una regulación debe mantenerse, modificarse o derogarse. Antes de conservar una entidad debería demostrarse que su función continúa siendo necesaria y que no puede asumirla otra existente. Antes de mantener cargos públicos debería acreditarse su necesidad. Antes de crear un trámite debería determinarse cuánto costará a ciudadanos y empresarios y los beneficios efectivos para estos. Y antes de expedir una regulación debería demostrarse que existe una falla real, que la intervención es necesaria y que sus beneficios superan sus costos.
La crisis fiscal que enfrenta el país representa, paradójicamente, una oportunidad. El próximo Plan Nacional de Desarrollo puede reemplazar la lógica de más entidades, más funcionarios, más trámites y más normas por una de prioridades, evidencia y resultados. Colombia no necesita un Estado ausente, pero tampoco uno omnipresente. Necesitamos un Estado que reconozca sus límites y concentre sus recursos donde realmente hacen falta. Reducir la intervención estatal no es debilitar al Estado. En muchos casos será precisamente la condición para fortalecerlo.