Sobre el abuso del pueblo indígena

Abusar de los indígenas: esa parece ser la consigna del petrismo. Y es que en los últimos cuatro años no han hecho cosa distinta que utilizar al pueblo indígena para el logro de sus propósitos políticos.

Abuso que ha ocurrido gracias a la indiferencia de un país al que no le importan los derechos de las mujeres, los niños y los ancianos indígenas, que tienen que soportar la manipulación de unos líderes que parecen haber entregado su dignidad por unos cuantos contratos.

La precaria situación en la que han vivido históricamente nuestras comunidades indígenas y la permanente desatención de sus necesidades básicas es bien conocida por todos los colombianos. Desde la nula presencia del Estado en las zonas en que se encuentran los territorios indígenas -aprovechada por los grupos al margen de la ley para ejercer control territorial, instrumentalizar a las comunidades e imponer el reclutamiento forzado de los menores- hasta la triste imagen de las mujeres y los niños indígenas que recorren las calles de varias ciudades del país en búsqueda de recursos y alimentos para sus familias, hacen evidente para los colombianos que la crisis social y humanitaria por la que atraviesan esas comunidades es el pan de cada día. El descuido permanente de los pueblos indígenas es innegable. Décadas de abandono estatal, pobreza estructural, violencia armada y exclusión social explican buena parte de las dificultades que enfrentan estas comunidades. Sin embargo, reconocer esa realidad no puede conducir a justificar nuevas formas de instrumentalización. Una injusticia de siglos no puede convertirse en patente de corso para otra.

El abuso y aprovechamiento sistemático de las necesidades de esas comunidades por parte del petrismo es indignante. Las utilizan como instrumento de protesta social o de apoyo proselitista, práctica que los ha llevado a mover, como ganado, a mujeres y niños indígenas por todo el país, de marcha en marcha. Los desplazan en condiciones inhumanas, los obligan a marchar y luego los dejan a su suerte, a miles de kilómetros de sus tierras, dependiendo solamente de la voluntad de unas autoridades locales -las alcaldías- que, con los escasos recursos con que cuentan, poco o nada pueden hacer para mejorar sus condiciones. Práctica que se nutre de una sociedad indiferente, en la que solo a unos pocos -la Defensoría del Pueblo, por ejemplo- parece importarles la suerte de miles de niños y mujeres.

Abuso que se materializa también en la entrega de contratos y recursos sin control alguno a una dirigencia que, escudada en la independencia que se les ha concedido, no está dispuesta a jugar bajo las mismas reglas que jugamos todos los colombianos. La entrega y destinación de recursos públicos al Consejo Regional Indígena del Cauca, por ejemplo, genera importantes dudas. Sobre estos parece no existir auditoría alguna, mucho menos indicadores de impacto que nos permitan determinar con certeza que esos recursos se destinan adecuadamente.

Recursos que se entregan, además, a unas comunidades que viven un profundo conflicto interno. Y es que, mientras los líderes del Cauca reciben grandes cantidades de recursos y ocupan las más altas esferas de la política nacional -sirviendo al derrotado candidato de gobierno-, sus territorios estallan en disputas internas. El choque directo, territorial y violento entre las comunidades Misak y el pueblo Nasa de la cuenca del Consejo Regional Indígena del Cauca ya deja un número importante de víctimas, todo ante el silencio del petrismo. Resulta llamativo que quienes suelen invocar la defensa irrestricta de los pueblos indígenas guarden silencio frente a estas fracturas.

El verdadero compromiso con las comunidades indígenas exige algo más que consignas y fotografías de campaña. Implica garantizar condiciones de vida dignas, fortalecer controles institucionales, proteger a mujeres y menores y respetar su autonomía sin convertirla en inmunidad frente al escrutinio público. Si el debate político continúa reduciéndolos a herramientas de movilización, los grandes perdedores seguirán siendo, precisamente, aquellos a quienes se dice defender.