Sobre el diseño institucional de las superintendencias

Ante los recientes requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio a distintos empresarios del país sobre sus estructuras de costos y márgenes de utilidad, y el fantasma del control de precios por parte de dicha entidad, es necesario llamar nuevamente la atención sobre el diseño institucional de las superintendencias y la necesidad de que estas entidades cuenten con la independencia suficiente para garantizar el debido ejercicio de sus funciones y el logro de sus finalidades.

En esta materia no sobra recordar que durante años los gobiernos de derecha y centroderecha han hecho caso omiso a los distintos llamados que desde la academia y los organismos multilaterales se han formulado para que dichas entidades sean independientes del Ejecutivo. Ya en el año 2015, la olvidada (en el país) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) llamaba la atención sobre la necesidad de: “Poner en práctica una reglamentación de calidad y avanzar hacia un enfoque de gobernanza regulatoria, reforzando la autonomía, la responsabilidad y la protección jurídica de los organismos de reglamentación y de las superintendencias”.

Recomendaciones desatendidas por los gobiernos Santos y Duque (y los anteriores), así como por el sector empresarial colombiano, que nunca acompañó estos llamados, ni los de la academia, en la materia. Lo anterior, tal vez, con el convencimiento de que el elegido por el Gobierno nacional para liderar esas entidades sería siempre una persona dotada de las calidades técnicas y la solvencia moral suficientes para preservar algún grado de independencia del Ejecutivo. Mejor aún, una persona que no sirviera de instrumento de una ideología particular, mucho menos de la “socialista” que parece estar detrás del actual Gobierno. Y es que, si bien durante las tres décadas y media transcurridas desde la Constitución de 1991 (sin contar al Gobierno actual) hemos tenido una buena cantidad de superintendentes dotados de las condiciones necesarias para liderar —algunos que demostraban, o fingían muy bien, la imparcialidad e independencia propias del cargo—, lo cierto es que en la mayoría de los casos los perfiles de los seleccionados por los distintos presidentes de la República han estado muy por debajo de las expectativas. Con algunas excepciones en las superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, en la mayoría de los casos esos cargos han caído en manos de personas carentes de conocimientos técnicos en las materias que lideran esas organizaciones. Es decir, no todo era color de rosa.

Pero ahora el panorama es mucho más oscuro. El actual Gobierno ha encargado sistemáticamente a personas con poco o nulo conocimiento de estas organizaciones y de sus áreas de trabajo; individuos que, a pesar de ello, han sabido instrumentalizar las entidades para el cumplimiento de los deseos del Presidente, a la vez que procuran su desmantelamiento. El resultado: entidades debilitadas técnicamente; cientos de funcionarios idóneos, con experiencia comprobada, despedidos; intervenciones ilegales, con ánimo expropiatorio, cuyo costo pagaremos por años; investigaciones que parecieran tener como único propósito intimidar al sector empresarial y, en suma, la pérdida de confianza y credibilidad en nuestro sistema jurídico e institucional.

No enfrentamos un problema menor. Las superintendencias, por su estructura, capacidad, número de funcionarios y competencias, son entidades con una gran concentración de poder, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el judicial. Debemos recordar que hace ya algunos años se les otorgaron facultades jurisdiccionales, llevando a que controversias de suma importancia para el sector empresarial del país (consumo, competencia, sociedades, insolvencia) sean decididas por “jueces” elegidos a dedo, lo que erosiona la independencia de la Rama Judicial.

Es necesario, entonces, retomar la discusión sobre el diseño institucional de las superintendencias, su independencia del Ejecutivo y la adopción de medidas que permitan su fortalecimiento, de manera tal que contemos con organizaciones técnicas que velen, más allá de las ideologías, por los derechos ciudadanos, sin maltratar al empresario colombiano. Entidades que no se rindan a los deseos del Ejecutivo.