Tocamos fondo

En Colombia, el clientelismo y el amiguismo han dominado históricamente la esfera política del país y la forma de gobernarlo. Como consecuencia de ello, muchas de nuestras instituciones han caído en manos de personas con perfiles o intereses inadecuados, lo que ha generado la pérdida del patrimonio público, décadas de retraso en los procesos de evolución o mejora institucional y el incumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas. No obstante, hasta hace poco existía en nuestros gobernantes un margen de ética, vergüenza y moralidad que los llevaba, así fuera ante denuncias, a reflexionar sobre la permanencia de las personas nombradas como resultado de esas prácticas. De igual forma, existía una idea relativamente clara sobre la manera en que los gobernantes ejercían su liderazgo. Un país en el que el tono del debate sobre las diversas problemáticas se mantenía dentro de niveles tolerables; en el que el razonamiento técnico parecía prevalecer y existía respeto por las instituciones del Estado; uno en el que el conocimiento era, al menos, medianamente valorado y respetado.

Con este gobierno, ese margen de vergüenza y moralidad se ha perdido por completo. En los últimos tres años y medio, hemos visto desfilar a una gran cantidad de personajes carentes del perfil moral y profesional necesario para integrar el poder público. Muchos de ellos han ocupado cargos gracias a la obtención de títulos falsos o como resultado de la reducción de los requisitos exigidos para desempeñarlos, incluso después de haber sido destituidos por la vía judicial. Otros tantos han sido nombrados a sabiendas de la existencia de investigaciones penales y administrativas en su contra y de su escasa o nula experiencia en la administración de las entidades o empresas que se les confían.

Como consecuencia de lo anterior, hemos sido testigos de la pérdida absoluta de valor de empresas como Ecopetrol y la Nueva EPS, así como de la incapacidad de este gobierno para ejecutar, siquiera de manera mínima, el plan propuesto al país hace cuatro años.

A ello se suman las continuas denuncias sobre las relaciones de integrantes del actual gobierno con miembros de grupos al margen de la ley, carteles de la droga o redes de contrabando, así como las imputaciones formuladas contra un número significativo de funcionarios -incluidos ministros- por delitos presuntamente cometidos durante esta administración. Este panorama parece agravarse con las afirmaciones de funcionarios del propio gobierno, como las realizadas de manera reiterada por el director de la Ungrd, o con las recientes denuncias de la exdirectora del Dapre, que dejan al descubierto que el control de nuestro Estado se encuentra en manos equivocadas.

Se trata, además, de un gobierno en el que la agresión se ha normalizado, no solo para descalificar las decisiones técnicas, debidamente sustentadas, de instituciones como la Junta Directiva del Banco de la República o los fallos de nuestras cortes, sino también para poner en entredicho la moralidad de quienes las integran. Un juego en el que se ha contado con el apoyo de un sector de la academia, que parece haberse rendido a los beneficios de la cercanía con el régimen y que ovaciona a quienes aún están siendo investigados, como muestra de una absolución que solo existe en el imaginario del presidente de la República.

Un mismo régimen que se limita a repetir, sin consideración alguna por su veracidad, los disparates del Presidente, a quien, además, resulta casi imposible sorprender diciendo una verdad. Un gobierno con el que tocamos fondo; con el que hemos normalizado, en nombre de un discurso populista y carente de contenido, todo aquello que no deberíamos esperar de nuestro Estado.

Como bien sabemos, la moral y los valores en los funcionarios del Estado son fundamentales para garantizar la legitimidad, la transparencia y la eficiencia de la administración pública. Estos actúan como una brújula ética que guía la toma de decisiones y asegura que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares. Esa guía se refleja, o debería reflejarse, también en los ciudadanos, quienes esperan que sus gobernantes representen lo mejor de la sociedad. Tocamos fondo. Ahora solo nos queda procurar que el próximo gobierno nos saque de allí y que la ética y los valores vuelvan a ser los pilares de nuestro Estado.