Hace algunos años, en medio de la evaluación que hizo la Ocde para que Colombia ingresara al organismo, se cuestionó la confusión que existía en nuestro país entre el Estado regulador y ejecutor de políticas públicas, por un lado, y el Estado empresario, por otro.

Esto era evidente en sectores donde empresas de capital público, que competían con empresas privadas, tenían en sus juntas directivas a ministros y altos funcionario del gobierno que tomaban simultáneamente decisiones para su empresa, mientras que expedían regulación y políticas para todo el sector. El problema de este doble sombrero era que no se generaban garantías para que las compañías privadas pudieran competir justamente con sus pares públicas, generando desconfianza y entorpeciendo posibles nuevas inversiones.

La exigencia de la Ocde en ese momento fue que, como mínimo, los ministros debían dar un paso al costado y ser reemplazados por otros miembros de junta directiva que no tuvieran injerencia en la regulación ni en las decisiones públicas sectoriales. Sacar a los ministros de las juntas no era un tema fácil pues el gobierno estaba acostumbrado a ejercer control directo en empresas como Ecopetrol o ISA, que no solo son claves para las finanzas públicas sino para la economía en general.

Luego de una larga discusión, la posición de la Ocde primó y el gobierno prometió modificar la composición de las juntas directivas. Para reemplazar el “vacío” de control, una de las opciones era crear un holding estatal que estuviera por fuera de los ministerios y que actuara como un accionista sin conflicto de interés. De esta manera se zanjaba la confusión entre el Estado propietario y el Estado regulador. En esa recomendación, Colombia tomó una posición más tímida, y mantuvo la función de propietario el interior del Ministerio de Hacienda, aunque aislándola funcionalmente de las áreas donde se toman las decisiones de política pública.

Varios años después Colombia parece estarse desviando de este arreglo. Incluso con los ministros fuera de las juntas las empresas, es cada vez más frecuente que, por directriz gubernamental, a las compañías de capital público se les quiera asignar directamente funciones, actividades y negocios, que antes eran licitados o que se hacían en franca competencia entre actores públicos y privados. Tal es el caso de los recientes giros de subsidios de renta ciudadana que el gobierno decidió que se entregaran exclusivamente a través del Banco Agrario, donde vuelve a mezclarse el rol del Estado empresario y gestor de política pública.

Cambiar mercados que en la práctica funcionan (con aspectos por mejorar) por experimentos de monopolios estatales teóricamente perfectos es una apuesta peligrosa. Ejemplos recientes, como las largas filas de personas que durante días se formaron para recibir sus subsidios en el inclemente calor de algunas zonas del país, esperando ser atendidos en el banco público, son muestra de que estas decisiones generan altos costos en el bienestar de la población.

Si de aumentar la participación estatal se trata, la Ocde ya nos había dado la receta: sin matar el mercado, el Estado también puede ser empresario. Debe hacerlo en igualdad de condiciones al resto de agentes, con total transparencia y siguiendo criterios de eficiencia y economía.