Llegó diciembre con su alegría y con el tradicional ‘tire y afloje’ en la negociación del salario mínimo entre sindicatos, empresarios y Gobierno Nacional.

La dinámica es casi la misma todos los años: los sindicatos y los empresarios empiezan la conversación con una brecha en sus propuestas que usualmente luce insuperable, mientras que el Gobierno hace cálculos nerviosos del impacto en el desempleo y su propio gasto fiscal ante un aumento demasiado alto, o del posible descontento popular por un incremento que esté por debajo de las expectativas.

Sin embargo, la negociación de este año tiene algunos ingredientes adicionales que la hacen especial.

Por un lado, Colombia está viviendo el choque económico más severo de su historia, por cuenta de una pandemia que no estaba en las cuentas de nadie. La caída del Producto Interno Bruto se ha traducido en cerca de dos millones de empleos destruidos, y en una tasa de desocupación cercana a 15%. En esta coyuntura, la definición del salario mínimo es aún más relevante para una porción de la población que crece de manera acelerada y que nunca ha tenido silla en las negociaciones: la población desempleada e informal.

Numerosos estudios han concluido que el salario mínimo en Colombia, al ser tan cercano al salario mediano, es un factor de informalidad y desempleo en las personas menos calificadas. El salario mínimo fue incrementado en 6% tanto en 2019 como en 2020, desviándose de manera importante en ambos años de la tradicional fórmula de la suma de la inflación y de las ganancias en productividad laboral. En este periodo el desempleo aumentó, incluso antes de que llegara la pandemia, que lo empeoró todo.

Por esta razón, un grupo de reputados analistas propuso recientemente recortar el mínimo a 80% mientras que dure la crisis actual, como medida para fomentar el empleo. Dicha propuesta es interesante, pero por ahora no logra encontrar eco en las autoridades.

Parecería más pragmático entonces apostarle a propuestas como la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que viene sugiriendo desde hace tiempo que el salario mínimo se ajuste sólo por la inflación, para corregir paulatinamente la distorsión que genera y llevarlo a un nivel más compatible con la creación de empleo. En ese sentido, un incremento de 2,1%, que resulta de promediar la inflación causada y la esperada, parece adecuado para 2021.

El segundo ingrediente especial del momento es la discusión en el Congreso de un proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral en Colombia de manera progresiva hasta por 16,7% del total de horas trabajadas, sin la posibilidad de ajustar los salarios.

Si el proyecto es aprobado, un negocio que antes tenía cinco trabajadores tendría que contratar uno adicional para realizar exactamente el mismo trabajo. En otros términos, esto implica un incremento del salario por hora, sin ningún valor agregado. Los pocos nuevos empleos creados serán de baja o nula productividad, y no compensarían la destrucción de numerosos empleos formales por el sobrecosto que muchas micro, medianas y grandes empresas nacionales no podrán soportar.

Afortunadamente el Congreso aún tiene tiempo de escuchar las voces de los múltiples expertos que han explicado, con detalle y rigor, la inconveniencia de esta propuesta, especialmente en la frágil coyuntura actual.

Debemos ser cuidadosos: la combinación de un aumento excesivo en el salario mínimo junto con la posible reducción de la jornada laboral, puede ser la estocada final para la anhelada recuperación económica del 2021.