Los días posteriores a la presentación de la reforma fiscal no han sido fáciles para la iniciativa. Las primeras reacciones, relativamente positivas de analistas económicos de diferentes orillas, hicieron énfasis en los beneficios alrededor de la sostenibilidad de las finanzas públicas, del mejoramiento de la red de protección social y de la simplificación de algunos elementos de nuestra estructura impositiva. Si bien señalaron aspectos por mejorar, estos analistas coinciden en que Colombia es un mejor país con reforma que sin ella.

La reacción en el congreso no ha sido igual y, a menos de un año de las votaciones legislativas, los cálculos electorales parecen ser la prioridad. Algunos partidos ya han manifestado que no quieren discutir esta propuesta, ni ninguna otra en estos momentos. Otros, promueven la peligrosa combinación de adoptar la parte del articulado que aumenta el gasto público, sin intención alguna de aprobar la parte que lo financia.

Hasta ahora, la ligereza de los argumentos de algunos políticos no ha estado a la altura de una propuesta trabajada durante mucho tiempo, que lo que hace es recoger las ideas de dos comisiones de expertos tributarios convocadas por diferentes gobiernos, que además comparte principios de propuestas serias de varios centros de pensamiento, y que ya recibió buenos comentarios de los organismos multilaterales.

Hay por lo menos tres elementos que sorprenden en las declaraciones iniciales de los detractores:

El primero tiene que ver con el momento de la reforma. Varios legisladores se oponen a ella, argumentando que no se debe hablar de impuestos en medio de una crisis como la actual. Esa idea, que ha sido repetida una y otra vez en los micrófonos, desconoce que la reforma fue diseñada para que la parte del gasto empiece rápidamente, y que los nuevos tributos solo entren gradualmente. Prácticamente no hay ningún impuesto que se incremente en 2021, mientras que los temas más álgidos, como la ampliación del impuesto de renta solo arranca en 2023, y la tributación a ciertas pensiones a partir de 2024. Es difícil entender entonces el argumento de que lo mejor es tramitar una reforma temporal para sobrevivir durante 2 años, para reabrir la discusión posteriormente. Es posible que a la propuesta actual se le puedan hacer ajustes adicionales para mejorar su gradualidad, y en eso debería concentrarse la discusión. Lo clave es revelar desde ya soluciones permanentes a un problema estructural como lo es nuestro desbalance fiscal.

El segundo argumento tiene que ver con la progresividad de la propuesta. Mucho debate se ha generado sobre si esta reforma grava excesivamente a la clase media. La calidad del debate se ha perdido en la semántica: sobre cual es la definición de clase media, y sobre cuál es el nivel de ingresos que hace que un hogar sea “rico”. La propuesta actual del gobierno se puede resumir así: el 20% más pudiente de la población hace un esfuerzo por mejorar la calidad de vida del 50% más pobre, mientras que el 30% de los hogares que están en el medio tendrán un efecto neutro, o pagarán muy poco. Más allá de la discusión sobre si “clase media” es igual a “hogares de ingreso medio”, la realidad es que la reforma mejora sustancialmente la distribución del ingreso en el país, y de ahí que sea sorprendente que varios abanderados de ideas progresistas se opongan rotundamente a ella.

Finalmente, cuando algunos congresistas hacen su cálculo político sobre su apoyo u oposición, confunden el escenario de no reforma con el status quo de relativa estabilidad. Argumentan que es prudente buscar “un mejor momento” para discutirla. Esa confusión puede ser muy costosa para el país. Lo más probable es que sin una señal clara y rápida de que al legislativo le importa la sostenibilidad fiscal, veamos minada la confianza de los inversionistas que durante décadas han financiado al gobierno y a nuestro sector privado. No nos equivoquemos: el escenario sin reforma es de incertidumbre macroeconómica, lo que puede empeorar las ya complejas condiciones actuales, con lo que ese “mejor momento” nunca llegue. Por lo tanto, aplazar la discusión es jugar con candela.

Todavía hay tiempo para un debate riguroso. Hace bien el gobierno en tender puentes y estar abierto a nuevas propuestas. Pero estas deben ser serias, estructurales y sobre todo alejadas de intereses electorales.