Entre las múltiples propuestas que se han ventilado para superar la crisis económica ocasionada por el covid hay una, muy comentada, que involucra la acción del Banco de la República y del Gobierno. La propuesta tiene diferentes sabores y colores que van desde la versión de la izquierda que busca emitir $15 billones por cada mes que continúe la pandemia en Colombia; pasando por la de sectores de centro que proponen un crédito de largo plazo del banco central al Gobierno por $50 billones; hasta la versión más tímida de voceros de derecha que piden un adelanto de $5 billones de las potenciales utilidades que el Emisor le entregaría al Gobierno en el futuro, sin una fecha cierta de repago. Las proposiciones parecen innovadoras y casi mágicas y, al librarlas de eufemismos, todas sin excepción implican lo mismo: que haya emisión de dinero para que el Gobierno gaste en grande.

Resulta que el experimento no es ni innovador, ni mágico, pues ha sido usado en el pasado y de manera recurrente en Latinoamérica. En todos los casos, sin excepción, la idea terminó en una gran catástrofe macroeconómica.

La historia de Venezuela (desde 1998), Argentina (2003-2015), Perú (1985-1990) y Chile (1970-1973) son sólo algunos ejemplos. Estudiosos del tema han identificado la secuencia típica por la que pasaron estos países una vez le apostaron a la emisión monetaria para financiar su gasto público.

La historia comienza con un nuevo líder, con tinte populista, que llega al poder como salvador, luego de una gran crisis económica. Con un banco central controlado por políticos, la impresora de billetes se prende para financiar proyectos de infraestructura pública y grandes programas de transferencias. También se usa para incrementar los salarios. Inicialmente se observa algo de crecimiento económico, lo que le permite al líder sacar pecho por su gestión.

Unos meses después, los cuellos de botella se comienzan a notar. Lo primero que empieza a escasear son los dólares que dejan de llegar al país, lo que genera una devaluación. Esta devaluación a su vez se traduce en brotes inflacionarios por el mayor costo de los productos importados. El líder populista dobla su apuesta: le achaca la culpa a algún fondo buitre o a los productores privados locales, y ordena controles a la tasa de cambio y a los precios de los productos básicos. Entonces, los sindicatos piden más aumentos salariales para compensar el aumento en el costo de vida, lo que a su vez genera más inflación. Con controles de precios, algunos productos de primera necesidad empiezan a escasear, y usualmente surge un mercado negro de estos.

La inflación se agudiza cuando el gobierno, al mejor estilo de un adicto que no puede dejar su vicio, recurre de nuevo al banco central para sostener el experimento. Los salarios y los precios ya no se ajustan una vez año, sino que tienen que ser actualizados cada mes. La pérdida de la confianza en la moneda es tal, que las personas empiezan a usar informalmente el dólar para sus compras diarias. La tasa de cambio continúa disparada.

Al final de la secuencia el Gobierno populista usualmente se cae. En casos extremos, la debacle económica facilita el ascenso de regímenes totalitarios y hasta de dictadores. El país queda con una economía muy frágil: alta inflación, un poder adquisitivo muy por debajo del que tenían las familias antes de que empezara todo, y altos niveles de pobreza. Las consecuencias del experimento se sienten por décadas.

La lección está aprendida: Ningún país serio ha decidido usar la emisión de dinero para financiar el gasto público en esta pandemia. Por eso, cualquier líder que insista en que Colombia debe embarcarse en dicha política, solo reflejaría un desconocimiento absoluto de la historia económica latinoamericana. Evidenciaría también su falta de ideas sobre lo que realmente genera progreso: mejorar la productividad de nuestra economía, integrarla a las cadenas globales de valor, y desarrollar un sector productivo robusto que ofrezca ingresos sostenibles a los ciudadanos.