Hace algunos años en medio del proceso de acceso a la Ocde, este organismo realizó un estudio sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas colombianas. El informe resaltaba que los administradores y juntas directivas de algunas empresas estatales tendían a tomar decisiones subóptimas para la creación de valor en un contexto de emprendimiento.

La razón, según el reporte, era el temor de los directivos a ser sancionados por los órganos de control y tener que responder con su propio patrimonio, por decisiones comerciales o de inversión que luego no salían según lo esperado. Como consecuencia, nuestras empresas públicas terminaban con bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo con respecto a sus competidores privados, por miedo a que ciertos proyectos no funcionaran (incluso cuando el portafolio completo fuera exitoso), o con insuficientes niveles de coberturas y protecciones por temor de los administradores a ser responsabilizadas por el costo de seguros no utilizados.

La Ocde recomendó entonces cambios legales que generaran “puertos seguros”, es decir parámetros bajo los cuales se pudiera mitigar esta falla. Posteriormente, se sumaron otros analistas proponiendo redefiniciones al concepto de Detrimento Patrimonial, o cambios profundos al modelo de control fiscal. Todos coincidían en que la necesaria auditoría a los recursos públicos debía ejercerse sin generar un desincentivo a la toma de riesgos calculados en nuestro sector público empresarial.

En medio de la actual pandemia, los niveles de incertidumbre son tales que las decisiones de política pública se asemejan mucho a la de emprendimientos riesgosos. El caso más obvio es el del aprovisionamiento de vacunas contra el covid, en donde Colombia compite con el mundo entero por un producto escaso y en el cual, para poder estar adelante en la fila, es necesario invertir con información muy limitada.

Los ejemplos del Reino Unido y de Chile, líderes indiscutibles en la carrera de vacunación en Europa y América Latina respectivamente, dan cuenta de la importancia de que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones ágiles. En el caso del Reino Unido, la jefe de la misión de vacunación, una bioquímica con experiencia como inversionista de capital de riesgo, tuvo amplia discreción para agilizar el proceso de compra de vacunas que aún no tenían aprobación de ninguna autoridad sanitaria. Con respecto a Chile, incluso los opositores han reconocido el olfato negociador del presidente Piñera para cerrar acuerdos con múltiples farmacéuticas desde mayo del año pasado, cuando ni siquiera el país había alcanzado su primer pico de contagios. En ambos casos, los funcionarios actuaron de manera diligente, llegando a acuerdos con un portafolio diversificado de laboratorios, entendiendo que algunas de las apuestas de ese portafolio podrían salir mal, pero con la premisa de que lo perfecto es enemigo de lo bueno.

En Colombia, se podrán citar muchas razones del relativo retraso en el programa de vacunación contra el covid, pero no podemos desconocer que una de ellas es el desincentivo que, por décadas, han tenido los funcionarios públicos honestos a tomar este tipo de riesgos calculados, por temor a las sanciones que citaba la Ocde.

Los correctivos a esta distorsión aún están pendientes. Vale la pena por lo tanto refrescar la discusión pública sobre los costos y beneficios de nuestro modelo de control fiscal, sobre todo en las actividades y sectores inherentemente riesgosos.