Cuando apenas comenzaba la pandemia, en marzo de 2020, la OIT lanzó un grito desesperado acompañado de la siguiente estadística: 23 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no estudian ni trabajan ni están en capacitación, y más de 30 millones solo consiguen empleo en condiciones de informalidad. No es necesario revisar las cifras para darse cuenta que con el Coronavirus ese panorama empeoró en la región.

En Colombia, donde solemos decir con facilismo que el país es de los jóvenes y que el futuro les pertenece, la situación pasó de preocupante a crítica: más de un millón y medio de ellos no tiene un trabajo decente. Esto es un aterrador 24% de toda la población, según los estimativos del Dane, más que la media nacional, hoy por el orden del 20%. Y se ensaña más con las mujeres.

Muchos de quienes llegaron a la adultez todavía no han podido percibir un ingreso y quienes culminaron una carrera técnica o profesional con la promesa de ser alguien en la vida siguen esperando la oportunidad para ser ese alguien que les permita cumplir sus metas.

Pero si queremos mejorar los números, nos toca cerrar el ciclo de lamentaciones y pasar a la acción. Soy de los que cree que impulsar la posibilidad de un empleo digno, formal, pasa por estimular también a las empresas. Las compañías del sector privado podrían crear nuevos puestos de trabajo si se les otorgan ciertos incentivos por medio de una ley.

Esa es precisamente la propuesta contenida en el proyecto de ley 154 de 2021 que presenté en el Congreso de la República y que incluye una serie de estímulos distintos a los que trae la Reforma Tributaria del Gobierno, o los mejoran en algunos casos.

Proponemos una tarifa especial del impuesto de renta de 28% para aquellas empresas cuya planta de personal esté conformada en más de 50% por jóvenes de entre 18 y 28 años de edad. Téngase en cuenta que actualmente, de acuerdo con el Estatuto Tributario (Artículo 240), esa tarifa es de 31%, en tanto que la propuesta del Gobierno consiste en elevarla al 35% a partir de 2022. Un descuento de 7% sobre el impuesto de renta es un mecanismo perfectamente viable para jalonar el empleo juvenil.

Esas mismas empresas que le den la bienvenida a los muchachos en sus plantas no tendrán que asumir el pago de salud, pensión, riesgos profesionales ni parafiscales durante los dos primeros años de su vinculación laboral, siempre y cuando contraten a quienes nunca hayan trabajado formalmente o lleven más de tres años desempleados. En ese caso, le transferimos dicha carga al propio Estado.

En las proyecciones de la OIT recogidas en el informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021”, su director General, Guy Ryder, pronunció una frase que, a mi modo de ver, resume el espíritu que hoy nos alienta a defender este proyecto de ley: “Necesitamos una estrategia integral y coordinada, basada en políticas centradas en las personas, y respaldadas por la acción y la financiación. No puede haber una recuperación real sin una recuperación de puestos de trabajo dignos”.

Hay una ventaja tributaria adicional en nuestra propuesta: la rebaja del 120% en el impuesto de renta para aquellas empresas que asuman la educación superior de sus trabajadores jóvenes.

¿Cómo llevar a feliz término estas ideas ambiciosas? Es necesario que el empresariado colombiano sea el primer convencido de que sí es posible darles una oportunidad a las poblaciones más vulnerables de este país como parte de la estrategia para la reactivación de la economía. La intención es llevar esa cifra de 24% a un dígito porque eso significará la creación de miles de puestos de trabajo.