El pasado mes de junio, en el marco de la Convención Bancaria, el presidente Iván Duque y las entidades financieras del país acordaron un pacto por la inclusión financiera, con la intención de seguir mejorando este indicador que llegó a 81,4% en 2018, cifra que se refiere principalmente al número de colombianos adultos que tienen una cuenta de ahorros.

Lo anterior es una buena noticia, pero en un país en el que más de 90% de las unidades productivas son microempresas debemos plantearnos retos adicionales, cómo lograr una mayor inclusión financiera a través del crédito, lo que implica resolver aspectos importantes, como el hecho de que un buen número de colombianos viven en zonas alejadas y otros que, a pesar de estar en ciudades, son informales y carecen de documentos que soporten sus ingresos. También, que muchas de estas personas por su nivel socioeconómico y su bajo conocimiento sobre el uso de los productos financieros terminan autoexcluyéndose.

En estos aspectos las microfinanzas han venido haciendo aportes destacados. A partir del conocimiento uno a uno de los microempresarios han logrado transmitirles confianza, acercándolos al sector financiero formal, y así mismo, con cursos de educación financiera, los han asesorado sobre cuál es el producto que más les conviene y la importancia de generar un buen récord crediticio. Ellos han respondido bien y más de 93% cumplen adecuadamente con sus compromisos.

Pero para llegar a los millones de microempresarios que aún siguen por fuera del sector financiero es necesario conocerlos mejor, utilizando toda la información disponible para robustecer las decisiones de crédito de las entidades financieras que facilitan la inclusión. Contrario a esto, hoy cursan iniciativas legislativas que pretenden restringir el acceso a los datos y plantean borrar la información negativa de quienes han incumplido sus compromisos, desconociendo a los millones de personas que con esfuerzo han construido un buen historial crediticio, causando para todos, mayores barreras de acceso al crédito debido a políticas de riesgo que naturalmente se harán más restrictivas.

Por otra parte, sería injusto desconocer que, en muchos casos, las personas que han incumplido con sus créditos lo han hecho por situaciones coyunturales sobrevenidas y no por falta de voluntad de pago, por lo que trabajar en procesos ordenados de rebancarización es, sin duda, una asignatura pendiente. En otros países existen empresas especializadas que ayudan a los deudores a recobrar su vida crediticia, utilizando metodologías en las que una mayor información histórica y actual de los deudores se convierte en el principal insumo. En la era de la información, no podemos pensar en borrarla o restringirla, y como alternativa, ¿deberíamos pensar en un pacto por la rebancarización?