A pesar de la oposición que Petro y Claudia López le hicieron al actual proyecto Metro, logramos contratar la primera línea en 2017. Se firmaron los créditos con la banca multilateral y el contrato con el consorcio chino para construir un metro elevado de 24,4 kilómetros por $22 billones.
La pasada administración distrital inició la gestión predial, el traslado anticipado de redes y las obras de adecuación del patio taller en Bosa. De la misma manera, dejó en proceso de licitación las troncales alimentadoras del Metro de la Av. Cali y Av. 68 que hoy están en construcción.
El inicio de operación está contemplado para marzo de 2028. Sin embargo, Petro pretende modificar el proyecto, lo que implica un mayor costo, más tiempo de construcción y el riesgo de no terminar la obra.
Sin fundamento técnico, el Presidente insiste en hacer subterráneo una parte del trazado, lo que podría demorar el inicio de operación del Metro en 10 años con un costo adicional de $17 billones.
Una vez más se hace evidente el talante autoritario de Petro y la improvisación de su Gobierno.
Por su parte, fue preocupante la actitud inicial de la alcaldesa, que fue complaciente con el capricho de Petro. Sin embargo, destaco que el actual gerente de la Empresa Metro ha cumplido con el contrato actual y el avance es significativo. Por ejemplo, las obras del patio taller que deberían tener un avance de 25% tienen un avance superior a 60%, lo que representa un adelanto de un año y medio. Ojalá mantengan ese ritmo.
No obstante, Petro insiste en modificar el contrato, lo que genera varios problemas.
Primero, modificar las especificaciones técnicas del contrato sin un hecho sobreviniente que lo justifique, implica violar el principio de selección objetiva, de planeación y de transparencia.
Segundo, la modificación que pretende el Gobierno aumentará los costos de tal manera que se debe renegociar con la banca multilateral y seguramente excederá 50% del valor del contrato, lo que es ilegal.
Tercero, asumiendo que fuera posible, la renegociación con la banca multilateral generaría costos adicionales. El riesgo país que hoy evidencian los mercados, implicaría 80% de mayor costo en la financiación.
Cuarto, si el concepto con el que el Gobierno pretende modificar la primera línea del Metro se aplicara a todos los contratos de infraestructura, Petro estaría justificando - por ejemplo - las modificaciones del contrato de Odebrecht “Ruta del Sol 3”, uno de los escándalos más grandes de corrupción del país.
Finalmente, es inadmisible que, por un capricho de Petro, sin fundamento técnico, se pretenda una modificación unilateral del contrato. Esto socava la seguridad jurídica y pone en tela de juicio el soporte técnico de los estructuradores del proyecto a nivel nacional y distrital, así como los equipos de expertos de la banca multilateral que avalaron el proyecto.
Presidente, ¡basta de caprichos! Concéntrese en la ejecución de la primera línea del metro y la contratación de la segunda. Su irresponsabilidad condenará a los colombianos a malgastar recursos fundamentales para inversión social y acabará con el sueño de las demás regiones de tener sistemas de transporte público eficientes y dignos.
Nota: Con el costo de esta modificación, se podrían rescatar todos los Sistemas de Transporte Público Masivo del país.