Tremenda tarea resulta ser esto. Por muchos años o más bien décadas, los gobiernos han puesto en segundo plano esta labor, sin percatarse que su resultado conllevaría no solo a la disminución de los conflictos y las brechas en la tenencia de la tierra, sino al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, sus familias y entorno.

La informalidad en el campo colombiano es abismal. En varios documentos como el Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia e incluso en el estudio ‘El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz’ dirigido por José Antonio Ocampo, se habla de que solo 6% de los municipios del país cuentan con una formalidad total o parcial, mientras que del 94% restante, 16% convive en la informalidad total, siendo Cauca, Putumayo, Guaviare y Bolívar los departamentos con las tasas más altas.

Así mismo, en 2015 el DNP aseguró que solo 36,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, 75,6% de los que acceden a tierras tienen menos de cinco hectáreas y de estos, 59% se encuentra en informalidad en términos de la propiedad.

Un diagnóstico complicado que traduce, por un lado, el nulo dominio de los campesinos sobre los terrenos que habitan y trabajan, y por otro, la incapacidad para cualquier gobierno que las políticas públicas se extiendan e impacten de manera efectiva en el territorio.

Pero ante esta problemática, surgen acciones para acortar la brecha entre dicha informalidad y la formalización de la tierra rural, como es el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural razón principal de la creación de la ANT, como máxima autoridad de la Nación en esta materia que busca gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Y aquí me quiero detener para destacar la importante labor que cumple la ANT en el reto nacional de actualizar el catastro. Y es que a diferencia de las demás entidades y administraciones locales que actúan como gestores catastrales, la Agencia, es la única que puede avanzar levantando la información predial rural y a la vez regularizando.

El año pasado tuvimos un primer ejercicio de Ordenamiento Social unido a la política del catastro multipropósito en Ovejas, Sucre. Un exitoso matrimonio que arroja grandes resultados como la entrega de 1.402 títulos de propiedad.
A la fecha, 41 municipios del país cuentan con Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural aprobados, de los cuales 27 son Pdet y estamos en etapa de implementación en 32 municipios, 28 de ellos, Pdet.

Ya estamos retornando al territorio para continuar las visitas predio a predio en el Guamo, Planadas, Rioblanco y Córdoba donde hay un potencial de formalización de 464.044 hectáreas, acabamos de arrancar en Fonseca y en los próximos días en San Juan del Cesar, Ciénaga, Cáceres, Ataco, Puerto Lleras, Chaparral y Pradera, territorios con potencial de 816.034 hectáreas.

Le estamos poniendo orden a la tierra, y poco a poco, avanzamos en la construcción de una paz con legalidad, porque como sabiamente dice don Rosendo Soler, campesino de Ramiriquí, “hasta habrá más paz porque cada uno sabe lo que tiene”.