La semana pasada fui invitada por la Corte Constitucional a participar en uno de sus “Diálogos Constitucionales”, espacios que abre esta corporación para hablar sobre diferentes temas y encontrar posibles soluciones a diversas problemáticas del país, de la mano de la población, la academia y la industria, y a la luz de la legislación colombiana. En esta oportunidad, el escenario fue la bellísima población de Barichara, Santander, donde se abordaron temáticas relacionadas con el derecho al agua.

En el panel “El derecho de acceso al agua potable y la adecuada prestación de los servicios públicos”, en el cual participé junto a representantes de Andesco, de las universidades Javeriana y Bolivariana, y con la moderación del magistrado Miguel Polo Rosero, tuve la oportunidad de recordar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la única de rango constitucional, creada por la misma Carta Magna y que, a partir de la Ley 142 de 1994, se le dio vida a ella y a otras entidades tan importantes como las comisiones reguladoras de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra) y de Energía y Gas (Creg), generadas para mejorar la calidad de vida de los usuarios y lograr la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos.

Esta legislación permitió la separación de roles, la competencia regulada y el enfoque en eficiencia, además de incrementar los niveles de cobertura, calidad y continuidad, y generar un equilibrio entre sostenibilidad financiera, regulación y protección al usuario, un aspecto clave pues, en definitiva, no hay garantía de derecho sin financiación sostenible.

Hoy el reto es cerrar brechas de calidad y continuidad, especialmente en zonas rurales, avanzando con un enfoque integral: la protección de las cuencas, el mejoramiento del tratamiento de las aguas residuales y el fortalecimiento de los prestadores de servicios. Solo así es posible garantizar este derecho, no poniéndolos en riesgo como lo plantea el nuevo marco tarifario que expidió la Cra hace menos de un mes.

Porque no se trata de incrementar el control sin objetivos claros; también se debe buscar la mejora proporcional en los resultados del servicio, cosa que lamentablemente no ha sucedido. Como dato crítico, podemos señalar que, aunque la regulación ha impuesto más elementos de control en los últimos años, la cobertura de agua potable a nivel nacional ha caído de 89,4% en 2020 a 86,4% en 2025, con una mayor afectación en la ruralidad, lo que significa que una sobrerregulación con enfoque sancionatorio no necesariamente mejora la prestación del servicio; el control debe orientarse a garantizar calidad, cobertura y eficiencia, no solo al cumplimiento formal.

Y es que cerrar las brechas en el acceso al agua exige reconocer algo básico: no todos los territorios se atienden igual. Necesitamos soluciones más flexibles, tecnologías adaptadas y un fortalecimiento real de los prestadores locales. El mensaje es sencillo: si se fortalece a quienes prestan el servicio, se fortalece el derecho al agua. Esa es la conversación que debemos seguir dando como país.

Pero hablar de agua no se limita al abastecimiento de agua potable; las regiones y las zonas rurales deben girar su mirada al saneamiento de sus fuentes hídricas. Esto lo han entendido las grandes ciudades, pero en la Colombia profunda hay una brecha enorme en este aspecto.

En Bogotá avanzamos en el proyecto medioambiental más importante del país: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, que saneará las aguas del río Bogotá y no solo beneficiará a la capital y a Soacha; será un alivio para la región y para más de 80 municipios colombianos por los que pasa el río Magdalena. Y así, tras más de 20 años de gestión técnica y jurídica, nos acercamos al inicio de la obra de ingeniería de mayor impacto nacional, cuyo avance incrementará en 23% el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (Ods) número 6: agua limpia y saneamiento.

Quiero finalizar expresando mi más profundo agradecimiento a la Corte Constitucional por estos espacios que, en nombre de una de las ramas del poder público, logran promover el crecimiento del país. Porque reunir juristas, académicos, industriales y comunidad para hablar de la principal fuente de vida es un aporte increíblemente valioso para el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los colombianos.