Lo sucedido con Electricaribe es una historia que, por ningún motivo, puede volverse a repetir: cerca de una década de deterioro acumulado de la infraestructura eléctrica dio lugar a una situación tan delicada que casi produce un apagón en los siete departamentos de la costa caribe.

El pasado 24 de marzo emitimos orden de liquidación de Electricaribe pues ya están dadas las condiciones que permitieron finalizar la etapa de administración temporal de la empresa. El plazo para liquidarla es de 24 meses y Ángela Patricia Rojas, quien se venía desempeñando como agente especial, es ahora la agente liquidadora, responsable de llevar a cabo esta tarea. En aproximadamente dos años Electricaribe pasará a la historia y será solo un mal recuerdo para los habitantes de la costa caribe.

Para llegar hasta su liquidación pusimos en marcha un plan que nos permitió encontrar una salida al problema. En el 2018 presentamos un esquema de solución estructural para la situación del servicio de energía en la región caribe. Dicho programa tenía dos grandes objetivos: el primero, garantizar la prestación del servicio de energía para más de 10 millones personas de la región; y el segundo, adjudicar la operación del servicio a nuevos operadores-inversionistas con las capacidades técnicas y financieras para hacerse cargo del mercado.

Durante todo el proceso de intervención, Electricaribe recibió apoyo financiero del Fondo Empresarial de la Superservicios por aproximadamente $6.1 billones de pesos para garantizar la prestación del servicio de energía. El Gobierno Nacional para evitar que el servicio continuara deteriorándose decidió poner a disposición de la empresa $860 mil millones, y fue gracias a estas inversiones que logramos disminuir la duración y la frecuencia de las interrupciones del servicio en 2019 y 2020.

En cuanto al segundo objetivo, redefinimos por completo la estrategia. La Nación asumió el pasivo pensional de Electricaribe, salvaguardando los derechos de más de 3.000 pensionados y haciendo más atractiva la empresa para los futuros inversionistas. También, se segmentó el mercado en dos nuevas áreas de prestación, y finalmente se adjudicó a dos nuevos operadores: Afinia y Air-e. Dichas empresas están prestando el servicio desde el 1 de octubre del año pasado.

Desde que presentamos el esquema de solución empresarial hasta hoy, empleamos más de dos años de trabajo responsable, con un equipo integral que nos permitió tomar las decisiones acertadas, en cabeza del presidente Iván Duque y con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Planeación Nacional y el Ministerio de Minas y Energía. De hecho, además de toda la situación interna, Colombia afrontó una demanda interpuesta por Naturgy (antes conocida como Gas Natural Fenosa), por la intervención de la empresa. El pasado mes de marzo el tribunal de arbitramiento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, falló a favor del Estado Colombiano. Un logro importantísimo del país y que demuestra que las decisiones que se tomaron fueron acertadas.

Quien no conoce su historia, está condenado a repetirla; la situación de Electricaribe puso en riesgo la dignidad, la calidad de vida de la gente y la competitividad de la región Caribe que por cierto es la de mayor crecimiento en el país. La lección debe aprenderse. Desde la Superservicios seguimos concentrado esfuerzos y tecnología para fortalecer el monitoreo preventivo, mapeando alertas tempranas que nos permitirán emprender acciones a tiempo y escuchando a los usuarios para proteger sus derechos y promover sus deberes.

Por eso, tanto Air-e como Afinia firmaron con la Superservicios un programa de gestión acordado de largo plazo, que contiene 8 pilares relacionados con la prestación y la gestión de las empresas que nos permitirá verificar la mejora continua del servicio en los años venideros. La historia no se repetirá.