La crisis laboral derivada del coronavirus ha vuelto a poner en la discusión pública el drama social que implican las elevadas cifras de informalidad en Colombia. Al usar la medida del Dane (basada en número de empleados de las firmas, empleados familiares sin remuneración o cuenta propia), dicha cifra ronda niveles de 50%. Sin embargo, las lecturas de informalidad se elevan a niveles de 60% al considerar el indicador más puro de cotizantes a seguridad social (Pila) como proporción de la Población Económicamente Activa (podría llegarse a valores preocupantes de 80%-85% al considerar solo a trabajadores que cotizan juiciosamente todos los meses del año).
Antes de entrar en cualquier discusión sobre informalidad, cabe aclarar las razones de la válida preocupación que emana de dichas cifras (muchas de ellas de perogrullo, pero que logran encauzar la discusión a prueba de argumentos simplistas-populistas). El mencionado drama social se deriva de que esa población mayoritaria de los trabajadores colombianos no solo generalmente gana menos de un Salario Mínimo (SML)… sino que no tiene ningún beneficio de aportes a seguridad social (salud-pensiones) y, mucho menos, primas, vacaciones, cesantías (incluyendo intereses) o cofamiliares.
Dichos sobrecostos no salariales rondan actualmente niveles de 50% en Colombia (superando los niveles de 12% observados en Chile y de 29% en México y relativamente similares a los de Perú). Este problema es uno de los peores lastres estructurales (pre-pandemia) de la economía colombiana, explicando nuestros elevados niveles de desempleo de largo plazo. Por todo ello, el debate serio de estas preocupaciones por la informalidad debe tener el consecuente análisis de sus causas subyacentes de parafiscalidad-sobrecostos no salariales y brechas SML- salario medio y Productividad Laboral. No podemos quedarnos en la nebulosa de lugares comunes… “la requerida reforma laboral” …flexibilización…etc. Por espinoso que sea políticamente, hay que buscar la manera de ahondar en los logros de desmonte de sobrecostos no salariales de la Ley 1607 de 2012.
Pensamos que la discusión debería iniciar (sin limitarse a): i) continuar reduciendo la parafiscalidad, eliminando 4% de sobrecosto empresarial que representan las cofamiliares (siguiendo las recomendaciones Ocde de 2015-2016). Ojo, esto no implica el “sinsentido” de acabar las cajas de compensación (como lo han malinterpretado algunos) … pero hay que evaluar su financiamiento prospectivo (la opción pública no luce adecuada si el cometido es lograr mayor equidad); ii) evaluar la suficiencia de los intereses de las cesantías, donde las AFP vienen arrojando rendimientos de 2%-3% real anual durante el último quinquenio, subrayando lo oneroso que lucen los mal llamados intereses a cargo del empleador (12% nominal o 9% real anual); y iii) atar el ajuste del SML a la Regla Universal, de manera que los incrementos reales no superen las ganancias en Productividad Laboral.
Ha resurgido la propuesta de reducir la jornada laboral. Estoy en desacuerdo por dos razones: i) No es inmediato que ello lleve a aumentos automáticos en productividad (o que lleve a empresarios a aumentar su nómina); y ii) si sabemos que tenemos preocupantes rezagos en la productividad laboral… ¿Qué creen que le ocurrirá al nivel de producción-competitividad si se trabaja menos tiempo?... pista… difícilmente aumentaría… ¿Qué diría sobre este tema la recientemente creada Misión de Internacionalización de la Economía de Colombia?