Erradicar la desigualdad es una tarea pendiente en gran parte de Latinoamérica. Un lastre cuyo coste en términos de exclusión social y freno al progreso, a la larga, es muy superior a los mecanismos de reequilibrio para combatirla. Esa es la razón por la que en el último congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) abordamos los efectos de este fenómeno y, sobre todo, en las posibles vías para solucionarlo.
Sus consecuencias negativas se extienden por todos los ámbitos. En lo social favorece la pobreza, excluye a parte de la población del acceso a una educación o sistema sanitario de calidad, y limita las posibilidades de escala social. En lo político, la desigualdad es el cáncer de las democracias; fomenta la polarización; y alienta populismos que aumentan la inseguridad jurídica, retraen inversiones y generan unas expectativas que acaban en más frustración y descontento social. Por último, en lo económico la falta de oportunidades arroja a una parte de la población al improductivo sector informal, a la emigración, o en manos de las redes de mafias. Al final, los Estados colapsan.
Si analizamos las posibles soluciones, no hay recetas milagrosas. Los gobiernos que emprenden en solitario este camino, fracasan. Atajar la desigualdad debe ser una prioridad compartida entre las Administraciones y la iniciativa privada, mediante alianzas que demuestren que política y empresa no son antagónicos. Aquí van algunas propuestas en esa dirección.
Los empresarios debemos implicarnos en combatir la desigualdad, superando fronteras ideológicas y renunciando a posturas partidistas, porque no hay Estados sostenibles sin empresas sostenibles. Y es que el destino de un país es muy importante como para dejarlo solo en manos de unos políticos que, en muchas ocasiones, carecen de preparación, hacen propuestas sin rigor, y fomentan el clientelismo a base de subsidios. Una tarea pendiente es volver a prestigiar la política, involucrando a los mejores gestores en el diseño de políticas públicas, en la eficiencia en el gasto, y en la inversión en servicios esenciales.
Otra vía es el empleo, el gran motor contra la desigualdad. Pero en Latinoamérica, la tasa de empleo vinculado con la economía informal se acerca a 50%, cuyos trabajadores tienen tres veces más posibilidades de terminar la pobreza. Acabar con la economía informal, que excluye a buena parte de la población de cualquier protección social, supone incrementar la productividad, frenar la emigración, elevar el poder adquisitivo de la población, integrar a todos los trabajadores en el sistema fiscal, y aumentar la recaudación gracias a una economía más dinámica; renunciando a subir impuestos a las empresas, pues son ellas, precisamente, las que realizan las grandes inversiones.
Por nuestra parte, los empresarios tenemos que apostar por la transparencia en la gobernanza, ser socialmente responsables e implicar a los empleados en la viabilidad de las empresas, porque son parte de ella. Una opción es abrirles las puertas a que tengan parte de la propiedad y estén presentes en el consejo de administración; adelantándoles un capital que financiarán con los propios dividendos. Y es que participar de los beneficios y de los costes, cambia la visión de los trabajadores sobre las empresas.
Sabemos que la desigualdad no es rentable ni sostenible, y que los empresarios somos parte de la solución. A partir de ahí, toca escuchar y dialogar con todas las partes para ponerse manos a la obra; porque acabar con la pobreza no es tarea fácil, pero no es imposible.