El futuro de Latinoamérica pasa por balancear sus relaciones y revitalizar alianzas existentes. Ahora toca mirar a Bruselas. Pero no solo los gobiernos; también sus empresas deben mover ficha.
La reciente cumbre Unión Europea-Celac es un buen motivo. Después de ocho años sin avances, Europa y Latinoamérica han retomado una cartera de inversiones por valor de US$50.000 millones en sectores como la transformación digital, las materias primas o la descarbonización de la economía. Además, estos encuentros pasarán a ser bienales -el próximo en 2025 en un país de la región-, y se confía en concluir, no sin dificultades, el acuerdo UE-Mercosur antes del 31 de diciembre, bajo la Presidencia española de la UE.
Estamos asistiendo al fortalecimiento de uno eje de ese triángulo virtuoso que forman EE.UU., Latinoamérica y la UE. En el caso Europeo, su vértice se apoya en dos puntos: España -primer inversor europeo en la región-; y Bruselas, porque lo que se decide en los despachos de la capital de la UE afecta directamente a nuestras compañías.
Frente al poder militar o inversor de China o Estados Unidos, el de la UE es un poder regulador: el denominado Efecto Bruselas. Con un mercado interior de casi 500 millones de ciudadanos con un elevado poder adquisitivo ejerce una posición que, de facto, obliga a quien quiera operar en ese espacio económico, a regirse por unas mismas y estrictas normas.
La consecuencia es que los marcos normativos sectoriales que establece la UE acaban imponiéndose como estándar para otros mercados; ya sea porque que los gobiernos de terceros países adapten sus legislaciones al modelo europeo para favorecer que sus empresas cumplan los estándares europeos; o porque las propias compañías decidan asumirlo para sus actividades en todo el mundo. Claro ejemplo del Efecto Bruselas es la regulación en materia de datos personales de la UE; modelo seguido por Japón y adoptado por Facebook o Microsoft a nivel global.
Ante el Efecto Bruselas, las organizaciones de terceros países -no solo empresas, también instituciones de carácter económico- tienen varias opciones.
La primera, adecuarse a la legislación aprobada, como puede ser la recientemente regulación sobre deforestación, con impacto directo en Latinoamérica y que obliga a las empresas que quieran vender en la UE sus productos derivados de materias primas como el café o la madera, entre otras, a que el proveedor certifique que no se han provocado daños forestales, y que se cumplen las normativas del país en materia ambiental, de derechos humanos o de protección de pueblos indígenas. Aspectos que han llevado a que instituciones de la región precisen que especialistas en la UE analicen los efectos reales de esta regulación en empresas de la Amazonía.
La segunda es la incidencia política y regulatoria previa a su aprobación, bien mediante acciones para visibilizar la realidad de un sector y sus esfuerzos por cumplir los futuros estándares entre los decisores europeos; bien actuando directamente ante las instituciones europeas durante el proceso legislativo. En ambos casos con el objetivo de lograr una norma final asumible o tenga en cuenta nuestros intereses.
Está claro que este acercamiento entre la UE y Latinoamérica abre una ventana de oportunidad para las compañías de la región. Lo que ocurra o vaya a ocurrir en Bruselas tiene que estar en nuestra agenda. Ninguna acción de posicionamiento estratégico de nuestra organización se puede poner en marcha sin conocer los planes de la UE en la materia; y ese efecto se está intensificando.