En Colombia el 9 de abril se conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, cumpliendo con la Ley 1448 de 2011, que busca medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno de nuestro país.

Ese mismo conflicto, ha dejado, según el Registro Único de Víctimas, 9.472.019 personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos fundamentales, víctimas de desplazamiento forzado, homicidios, y desapariciones, entre otros. De esos nueve millones, sólo 13% ha sido reparado de alguna manera al día de hoy, y 20,6% no podrá acceder a ningún tipo de reparación.

Doce años después de la Ley 1448 de 2011, son claras las falencias de su implementación; así como las deficiencias que ha tenido la materialización del Acuerdo de la Paz estable y duradera, firmado en 2016. Colombia lleva décadas envuelta en una violencia que parece no tener fin y que nos exige más que nunca, fortalecer las acciones para garantizar los derechos fundamentales a cada persona que habita en el territorio Nacional, construir en medio de las diferencias y propender cada día por alcanzar la paz total.

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 142, de la Ley de víctimas, que establece que “el 9 de abril de cada año, se celebre el Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realicen por parte del Estado, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Y aunque esta vez, en un hecho histórico la jornada contó con la presencia de las 16 curules contempladas en el proceso de paz; por 12 años de vigencia, año tras año vivimos la misma escena en el Congreso que se cita en pleno (Cámara de Representantes y Senado), y a medida que pasan las horas, los congresistas van saliendo paulatinamente hasta que al final se pierde el quorum y quedan las víctimas hablándole a unos pocos congresistas. ¿Y el compromiso dónde queda?

Muchas reflexiones quedaron tras la sesión. Las intervenciones de las víctimas, quienes de manera reiterativa, mencionaron que no se les presta atención, que son mayores las necesidades frente a las soluciones y que los recursos son insuficientes para las medidas de reparación y no repetición y que por ello, más allá de los espacios en los que también resultan invisibilizados, requieren de acciones urgentes para ser reparados, escuchados y priorizados como lo dicta la Ley.

Terminó la jornada con una sensación de insatisfacción, por parte de las víctimas quienes sienten que pierden el tiempo, trasladándose desde sus regiones - en la gran mayoría espacios apartados - hasta Bogotá para participar de un evento donde esperan del Congreso toda la atención y especial compromiso con sus experiencias y peticiones; no como ocurre, verse opacados por el ruido, el desorden y la ausencia de muchos, sumado a la impotencia de ver que no se resuelve ninguno de los problemas manifestados.

Esperamos que la próxima jornada sea en realidad un espacio por y para las víctimas y mientras ese día llega de nuevo, se debe evaluar que las medidas adoptadas en su favor estén siendo realmente aplicables y efectivas a las realidades de cada uno de ellos. Así como revisar si se debe cambiar la metodología de la sesión del 9 de abril en el Congreso, y hacer conciencia si verdaderamente se está cumpliendo con el propósito de esta sesión especial para las víctimas. No podemos seguir en este déjà vu.