Nuestro sistema presupuestal está regido por un principio fundamental: no habrá gasto público sin que esté expresamente autorizado por una ley. En ese contexto, la ley exige que el presupuesto de inversión debe discriminar el gasto a nivel de proyecto. Por lo anterior, no puede haber partidas globales que no detallen los proyectos hacia los que se destinan los recursos públicos. Sin embargo, esto es exactamente lo que hace el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación para 2024.

En específico, varios medios han revelado la falta de transparencia y especificidad en el gasto de alrededor de $13 billones para los cuales no se conoce a qué proyectos serán asignados. Este monto representa 13% del total de gastos de inversión. La anomalía se presenta en sectores críticos como Transporte, Hacienda y Educación.

Esta inconsistencia tiene varias consecuencias. En primer lugar, la falta de detalle en el gasto de estos recursos resta transparencia a todo el proceso de ejecución presupuestal, lo que dificulta la supervisión al gobierno por parte de la ciudadanía y los órganos de control, aumentando el riesgo de corrupción. Por otro lado, este tipo de partidas globales le da discrecionalidad al ejecutivo para direccionar el gasto a su criterio, aumentando el riesgo de presiones políticas sobre las partes interesadas, como lo son por ejemplo los contratistas de la Nación.

Adicionalmente, en ciertas regiones del país se vienen adelantando proyectos de infraestructura de gran envergadura como la construcción de carreteras o la implementación de sistemas integrados de transporte masivo. Por su naturaleza, este tipo de proyectos requiere el compromiso de recursos públicos a través de varios años (vigencias futuras). De esta manera, proyectos como la construcción del primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá podrían verse afectados. Esto ocurre porque sin que se haya detallado el aporte de la Nación correspondiente a este año, el Ejecutivo tiene cierto nivel de discrecionalidad sobre si utilizar estos recursos en otras necesidades asociadas a su plan de gobierno, desconociendo compromisos adquiridos con el contratista.

Esto mismo podría estar ocurriendo con la ejecución de más de 100 proyectos claves para el desarrollo en todo el territorio nacional. El grado de incertidumbre que genera este cambio abrupto en las reglas del juego podría desincentivar radicalmente la inversión del sector privado en la provisión de estos bienes públicos. Adicionalmente, el eventual desconocimiento de los pagos pactados en los contratos que hay de por medio, podría terminar en cuantiosas demandas en contra de la Nación.

Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que el desconocimiento básico de las reglas que rigen el proceso de programación y ejecución presupuestal podría repercutir en demandas en contra de estas partidas globales. No es descabellado, que por vía del control judicial, se termine suspendiendo la aplicación de toda la ley de presupuesto para este año hasta que se resuelva el asunto.

De esta manera, quedaría también suspendida la ejecución de otros gastos fundamentales para el funcionamiento del Estado, como los es el pago de salarios a sus funcionarios.