El escenario fiscal del país no es alentador. El gasto público ha crecido de manera exorbitante durante los últimos años, el recaudo reciente de impuestos ha caído por la desaceleración económica y el endeudamiento durante la pandemia está pasando factura. Desde distintos sectores hemos advertido desde el año pasado que el Gobierno Nacional se viene quedando sin margen de maniobra para cumplir la regla fiscal.

El Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en enero de este año hacía énfasis en una reducción considerable en los ingresos tributarios de 2024 por el mal desempeño de la economía, las decisiones de la Corte Constitucional sobre la Reforma Tributaria y el faltante por arbitramento de litigios que no se podrá materializar. Ante una disminución en los ingresos previstos no queda de otra que recortar o suspender algunos gastos para cumplir con la regla fiscal. La estrategia de Hacienda es esperar hasta el último trimestre del mes para hacer los recortes en aquellos sectores donde la ejecución del presupuesto esté por debajo de lo esperado.

El próximo año el camino pinta incluso más complicado. Pese a que esta cifra todavía no es vinculante, todo indica que la inversión pública el próximo año sufrirá recortes por el orden de $36 billones en pesos constantes, lo que representa una caída de 33%. La mayoría de estos recortes se concentra en los sectores de Inclusión Social (-$8,3 billones), Agricultura (-$6,2 billones), Educación (-$5 billones) y Vivienda (-$3,4 billones). La caída de la inversión pública en casi la totalidad de sectores es problemática, dado que a través del gasto de inversión se proveen bienes y servicios públicos que impulsan el desarrollo y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

La caída en la inversión pública proyectada para el próximo año está intrínsecamente ligada a la necesidad de cumplir la regla fiscal, herramienta que tiene como objetivo establecer metas puntuales sobre el nivel de gasto y endeudamiento del país. De su cumplimiento depende el acceso a financiación, la moderación de los intereses sobre la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país. A pesar de que el pago del servicio a la deuda pública para el próximo año incrementa casi en el mismo monto en que disminuye la inversión pública, no se puede considerar que la caída de la inversión obedece al mayor servicio de la deuda. Esto debido a que la regla fiscal se construye sobre una diferencia entre ingresos y gastos donde no se incluye ni el pago de intereses ni la amortización de la deuda.

Dada la importancia de la inversión pública en el bienestar general y en la economía, ¿por qué no recortar gastos de funcionamiento? Si bien este gasto está destinado a financiar las necesidades de las entidades para cumplir con sus objetivos misionales como por ejemplo pagar los salarios de los funcionarios públicos, adquirir bienes y servicios, pagar pensiones y transferir a los gobiernos subnacionales recursos para salud y educación, lo cierto es que, en la práctica, existe poco margen de discrecionalidad para reducir estos rubros (al menos en el corto plazo).

Esta rigidez del gasto público, específicamente del gasto en funcionamiento, genera problemas sistemáticos relacionados con la eficiencia y en esta ocasión está dejando al Gobierno sin otra alternativa diferente que hacer los recortes en el componente de inversión (que dicho sea de paso, también tiene rigideces producto del compromiso de vigencias futuras) para cumplir con las limitaciones que impone la regla fiscal.