El carbón ha sido protagonista del desarrollo empresarial, cultural y tecnológico del país desde la época precolombina, cuando los Muiscas del centro del país lo usaban como energético en su vida diaria.

Así fueron pasando los siglos, y este mineral siguió teniendo un rol importante en la construcción de ciudades; en la evolución de los sistemas de transporte (alimentaba las calderas de los primeros trenes y buques que recorrían el río Magdalena); en la generación térmica de energía, que hoy respalda el sistema eléctrico; y en el funcionamiento de fábricas con grandes hornos y calderas.

Sin embargo, el uso del carbón también ha causado preocupación por su impacto en el medio ambiente y en la salud de los colombianos, debido a las altas emisiones de dióxido de carbono y material particulado derivadas de su combustión.

Por ejemplo, en Bogotá y Antioquia, 22% y 18% de las emisiones de material particulado fino contaminante provienen de fábricas que usan hornos y calderas a carbón, donde se destacan las tintorerías, ladrilleras y las fundiciones. En ambas regiones se reportaron más de 600 fábricas que usan carbón, lo que las convierte en la segunda mayor fuente de emisiones que afectan la calidad del aire.

Hace tres años, cuando se discutía la reforma tributaria, varios grupos ambientalistas vieron con buenos ojos la inclusión de un impuesto nacional para los combustibles fósiles, de acuerdo con la cantidad de toneladas de carbono que se liberan a la atmósfera. Pero al final, este impuesto dejó totalmente por fuera al carbón, lo cual “desequilibró la cancha”.

Lo anterior representó una medida paradójica que no fue entendida por varios sectores, incluida la comunidad internacional, que ven necesario un ajuste para incluirlo dentro de los combustibles que pagan impuestos por daño ambiental.

Dado que el nivel del impuesto es aún bajo en el comparativo internacional (mientras que el promedio mundial se encuentra en US$20/ton CO2, el de Colombia es de US$5/ton CO2), con esta medida no se va a eliminar de tajo el uso del carbón en nuestro país, pero sí da las señales de política pública para empezar a incentivar la incorporación de energías más limpias.

Además, según lo explica el representante a la Cámara César Lorduy en su proposición radicada para el Plan Nacional de Desarrollo, el impacto fiscal de incluir al carbón en el impuesto al carbono es positivo para el país, lo cual contribuiría a mejorar la precaria situación del fisco nacional. De acuerdo con los valores que entrega la Unidad de Planeación Minero Energética sobre la emisión del carbón (de 2534.8 kgCo2/tonelada) y el consumo interno (9 millones de toneladas al año), Colombia podría recaudar $374.000 millones para destinar a proyectos ambientales y de recambio tecnológico.

El Pacto por la Sostenibilidad comprendido en el Plan Nacional de Desarrollo, que se discute actualmente en el Congreso de la República es el medio idóneo para construir instrumentos de política integrales, como el propuesto por el representante Lorduy, ante el gran problema del cambio climático y la muy mala calidad del aire que respiramos en las ciudades.

El carbón seguramente continuará siendo un eje de desarrollo para el país. Pero se requiere la inclusión más que lógica y coherente de este mineral en el impuesto al carbono para estimular el uso de energías de bajas o cero emisiones.